Porque aquí no estamos hablando de arte urbano ni de murales autorizados. Estamos hablando de vandalismo puro y duro. De trenes destrozados, estaciones llenas de pintura, servicios interrumpidos y millones de euros públicos que salen del bolsillo de todos los españoles para limpiar la gracia del niñato de turno con un spray en la mano.
Mientras la mayoría parlamentaria entiende que hay que proteger las infraestructuras públicas y endurecer las multas, la izquierda más radical sigue instalada en esa especie de adolescencia política permanente donde todo delincuente parece una víctima del sistema.
Lo más surrealista es que luego son los primeros en pedir más dinero público para servicios sociales, transporte o vivienda. Claro. El problema es que parte de ese dinero acaba precisamente tapando grafitis, reparando destrozos y limpiando trenes vandalizados.
La nueva ley endurece las sanciones hasta los 900.000 euros en los casos más graves, especialmente cuando las pintadas afectan a la seguridad ferroviaria o paralizan el servicio. Y sinceramente, ya era hora.
Porque el civismo no consiste en justificar al que destroza lo que es de todos. El civismo consiste en protegerlo.
Pero Comuns y CUP han vuelto a demostrar que viven en una realidad paralela. Una donde el problema nunca es el que ensucia, rompe o vandaliza. El problema siempre parece ser quien intenta impedirlo.
