El caso que reabre el debate sobre los medios públicos catalanes
VOX sostiene que el espacio —emitido a través de La Xarxa Audiovisual Local (XAL), red dependiente de la Diputación— “no tiene audiencia ni utilidad pública” y constituye un “caso de clientelismo político con dinero de todos los barceloneses”.
“Estamos ante un auténtico despilfarro de dinero público. Más de medio millón de euros por un programa que nadie ve, mientras Barcelona sufre inseguridad, suciedad y falta de recursos”, declaró Gonzalo de Oro, presidente del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento.
¿Qué es The Weekly Mag?
El programa nació en 2018, impulsado por La Xarxa con el objetivo de ofrecer contenidos en inglés sobre actualidad cultural y social catalana.
Se emite semanalmente en televisiones locales y por internet, y desde su inicio está dirigido y presentado por Marcela Topor, periodista de origen rumano que durante años dirigió el periódico Catalonia Today una publicación, curiosamente, también financiada por la Generalitat durante los gobiernos de su marido.
En su formato actual, The Weekly Mag combina entrevistas, reportajes y recomendaciones culturales, con una clara orientación a públicos internacionales.
El programa se graba en los estudios de La Xarxa, en Esplugues de Llobregat, y cuenta con una pequeña plantilla de producción.
Los números del contrato
Diversas informaciones publicadas en medios de comunicación confirman que Topor cobra alrededor de 6.000 euros mensuales por su trabajo en The Weekly Mag. Esa cifra equivale a 72.000 euros anuales, lo que suma más de 540.000 euros desde 2018 si se mantiene la misma retribución.
En junio de 2023, El Triangle reveló que el contrato dependía directamente de la Diputación de Barcelona —entonces gobernada por un pacto PSC–Junts—, y que su renovación anual no pasaba por concurso público, sino por una adjudicación directa de la XAL.
En septiembre de 2025, el mismo medio informó que la Diputación había renovado nuevamente el contrato hasta finales de año, pese a las críticas de la oposición.
La audiencia, el punto más opaco
El principal argumento de la denuncia de VOX es la falta de audiencia verificable. El programa se emite por el canal de la XAL y las televisiones locales adheridas, pero no figura en las mediciones oficiales de Kantar Media ni en los informes de la CCMA. En YouTube, el canal oficial de The Weekly Mag apenas acumula unas decenas de visualizaciones por vídeo, lo que refuerza la percepción de un impacto marginal.
Desde la XAL, sin embargo, se argumenta que el objetivo del programa “no es la audiencia masiva, sino la proyección cultural exterior”, y que su continuidad responde a una “apuesta por la difusión internacional del talento catalán”. O lo que es lo mismo, el programa no será de interés público, pero existen otro tipo de “intereses”.
La Diputación y la XAL: una red pública bajo lupa
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) es una empresa pública de la Diputación de Barcelona creada en 2012 para proveer contenidos y servicios técnicos a las televisiones locales catalanas. Su presupuesto anual ronda los 16 millones de euros, y su dirección depende del área de Presidencia de la Diputación.
El control político de la XAL ha sido históricamente un terreno de negociación entre el PSC y Junts per Catalunya, especialmente en los pactos de gobierno provinciales.
VOX denuncia que el mantenimiento del contrato de Topor “responde a acuerdos políticos, no a criterios profesionales”.
Las acusaciones de VOX
El comunicado emitido por VOX España el 5 de noviembre de 2025 acusa directamente a la Diputación de “malversar recursos públicos” y exige una auditoría de los contratos vinculados a la XAL.
“Es un ejemplo escandaloso de cómo el PSC y los socios de Puigdemont se reparten los fondos públicos a espaldas de los ciudadanos”, señala el texto.
VOX anuncia que pedirá comparecencias y documentación oficial tanto en el pleno municipal como ante el Síndic de Greuges y los organismos de fiscalización económica.
Reacciones y versiones
Hasta el momento, ni la Diputación de Barcelona ni Marcela Topor han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Desde la XAL, fuentes consultadas insisten en que “todos los contratos se ajustan a la legalidad y cuentan con supervisión técnica y presupuestaria”.
En el entorno de Junts, la figura de Topor se considera “independiente” y “profesionalmente solvente”, recordando que el programa “lleva ocho años en antena sin una sola queja por parte de la Diputación ni de los entes locales asociados”.
Contexto político y mediático
El caso se suma a un largo historial de polémicas por uso de medios públicos con fines partidistas o clientelares. En Cataluña, tanto la CCMA (TV3 y Catalunya Ràdio) como la XAL han sido objeto de críticas por su alineamiento político y su falta de control de resultados.
Este nuevo episodio llega además en un momento de tensión institucional entre el PSC y Junts por el reparto de poder en la Diputación de Barcelona, tras la renovación de pactos a mediados de 2025. Tampoco debemos olvidar que el propio Puigdemont y Junts acaban de “romper” con el PSOE por lo que es más sencillo, en este momento, no renovar el contrato a Marcela Topor que mantenerlo. Veremos qué escoge el PSC-PSOE catalán.
