El mensaje de fondo es inequívoco. La propuesta presentada supone un avance respecto a un modelo caducado desde 2014, introduce más transparencia y corrige parcialmente desequilibrios históricos que han perjudicado a Cataluña. Sin embargo, las entidades alertan de que el texto es insuficiente y que dejar pasar la actual tramitación parlamentaria sin introducir mejoras sería una oportunidad perdida.
En este contexto, el comunicado interpela directamente a los partidos catalanes y, de manera implícita pero evidente, a Junts per Catalunya. La formación tiene hoy una capacidad de influencia determinante en Madrid y las patronales reclaman que ese capital político se utilice para avanzar hacia una financiación más justa, estable y acorde con el peso económico real de Cataluña.
El documento no plantea rupturas ni maximalismos, sino una estrategia pragmática: consolidar los avances logrados, corregir déficits evidentes —como la no inclusión del coste de la vida o la falta de garantías sobre la ordinalidad más allá de 2027— y reforzar la corresponsabilidad fiscal. Todo ello dentro del marco legal vigente, pero sin renunciar a mayores cotas de singularidad.
Especialmente contundente es la crítica al déficit inversor del Estado en Cataluña, con datos que vuelven a situar al territorio a la cola en ejecución presupuestaria. Una anomalía que las patronales consideran incompatible con el papel de Cataluña como motor económico y que exige soluciones estructurales, no promesas reiteradas.
El comunicado empresarial actúa así como un toque de atención: el debate sobre financiación no es solo identitario, sino profundamente económico y social. Afecta a la calidad de los servicios públicos, a la competitividad y al bienestar futuro. En este escenario, el inmovilismo o la política del veto no aparecen como opciones responsables.
Las patronales no piden gestos simbólicos, sino negociación efectiva. Y colocan la pelota en el tejado de quienes hoy tienen la llave para influir. La pregunta ya no es si el sistema necesita reforma, sino quién estará dispuesto a aprovechar esta ventana de oportunidad y quién asumirá el coste político de dejarla pasar.
