Hay bullying ente los poderes del Estado
En democracia se reparte el poder entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo crea el marco legal de convivencia, el ejecutivo lo lleva a la práctica y el judicial comprueba que cada acción se ajuste a la ley y corrige el rumbo con sentencias, si es necesario. El mantenimiento de la independencia y de la salud de los tres poderes y del equilibrio de fuerzas entre los tres, es la garantía que protege a la ciudadanía de los abusos que pudieran perpetrar cualquiera de ellos. Si uno de los poderes se impone sobre los demás, se rompe el juego democrático y acabamos en una dictadura.
Por decoro y lealtad institucional debe haber el máximo respecto entre ellos y el compromiso de aceptar sus decisiones, circunstancia que, por desgracia, no se da en la actualidad en España. El poder ejecutivo y el legislativo se han lanzado a una campaña de crítica feroz contra las decisiones judiciales en tanto que les afectan directamente, con el objetivo de desgastar y desprestigiar a la judicatura e imponer el propio relato, que no la verdad. Triste. El poder judicial responde con declaraciones que exigen el fin de esas críticas y el respeto a la independencia judicial. Por otra parte, el poder legislativo está en una lucha interna de trincheras donde la "mayoría de la investidura" de Pedro Sánchez ladra pero no muerde, ante los casos de corrupción que se van conociendo y la oposición se exclama pero está atada de pies y manos sin conseguir hacer caer al gobierno.
Y mientras tanto, los ciudadanos ven con estupor como las instituciones se resienten y por ello desconfían cada día más del sistema, de los políticos y de los jueces.
Los ataques tras la sentencia se incrementan
Ya fueron duras, no hace tanto, las críticas a la judicatura formuladas desde la tribuna del Congreso o desde las ruedas de prensa de los representantes del Gobierno que con toda impunidad e irresponsabilidad afirmaban que en España existía el "lawfare" o que "había jueces que hacían política", pero después de la sentencia del caso mascarillas los ataques se han recrudecido.
Veamos los ataques producidos entre los distintos poderes (ejecutivo y legislativo contra judicial y legislativo contra ejecutivo y la respuesta del poder judicial a los ataques)
Óscar Puente (quién si no) abrió el debate sobre la decisión judicial de eximir de prisión a Víctor de Aldama (condenado a cuatro años y medio) debido a su colaboración. Señaló que la suspensión de la pena genera dudas éticas y cuestionó públicamente si en España "sale a cuenta ser corruptor".
Félix Bolaños critica la resolución que rebaja la pena a Aldama de manera contundente cuando en el 2024 afirmaba, ante un caso calcado, pero que afectaba al PP: «quien colabora para perseguir el delito cuenta con el apoyo del Gobierno».
Patxi López (Portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados) calificó la resolución judicial de "tremendamente aleccionadora" en un tono crítico y la tildó de "desproporcionada" al compararla con otras condenas. Denunció que no se entiende que el corruptor de la trama se haya llevado más de 3 millones de euros y pueda quedarse en la calle.
Alberto Núñez Feijóo afirmó que la situación del Gobierno tras la sentencia es "insostenible" y que "todo es una basura". Exigió formalmente la dimisión inmediata del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, una vez más.
Santiago Abascal se sumó a la exigencia de dimisión del presidente, declarando que es inaceptable que el jefe del Ejecutivo continúe en su puesto tras acreditarse judicialmente que se creó una red delictiva dentro de su propio equipo de ministerios.
En cuanto a las declaraciones de la llamada "mayoría de la investidura, tenemos:
Miriam Nogueras (Junts) exigió abiertamente la dimisión de Pedro Sánchez pidiéndole que dé un paso al lado: "Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir". Nogueras equiparó la situación del presidente con la del ex primer ministro británico Keir Starmer y advirtió que aferrarse al poder ante estos escándalos de corrupción solo debilita al Ejecutivo y fortalece a la extrema derecha.
Gabriel Rufián (ERC) interpeló directamente al presidente desde la tribuna con extrema dureza: "Le pido que me mire a los ojos... ¿Ustedes han robado? ¿Usted lo sabía?". Además, cuestionó la viabilidad de la legislatura preguntando si el plan del Gobierno consiste simplemente en "resistir" en lugar de legislar. También lanzó pullas sobre el beneficio carcelario de Víctor de Aldama, ironizando en redes: "Si colaboras, libras".
Mertxe Aizpurua (EH Bildu) Defendió que, a pesar de la gravedad de la sentencia, la legislatura "debe continuar" para avanzar en derechos sociales y plurinacionalidad (¡cómo no!). Calificó asimismo de "atroz" el mensaje de la justicia al librar de prisión a Víctor de Aldama, lamentando que el corruptor "se lleve el botín" de rositas.
Aina Vidal (Sumar) lamentó que el fallo demuestre que los corruptores habituales se vuelvan a salir "de rositas". Advirtió seriamente al PSOE de que estos escándalos judiciales "lastran" la acción del Gobierno de coalición y les exigió máxima transparencia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces ha respondido a las presiones políticas aprobando declaraciones institucionales exigiendo respeto y advirtiendo al Ejecutivo que poner en duda la independencia y el sometimiento a la ley de los jueces erosiona la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho, recordando que las presiones de los poderes públicos no tienen cabida en una democracia avanzada.
Las asociaciones de jueces y fiscales han manifestado su desazón y han tachado de "insuficiente" la reacción del CGPJ, reclamando respuestas mucho más contundentes frente a la estrategia de acoso a magistrados concretos por parte del Ejecutivo y de ciertos grupos políticos.
Puntualicemos lo que dicen los políticos sobre la sentencia
Una de las críticas más feroces viene por la reducción de penas a Víctor Aldama. "Si colaboras sales de rositas", dicen. El caso es que el Código Penal español establece esas reducciones y los magistrados se han ajustado a la ley. Señores diputados, si no les gusta la ley, ustedes pueden cambiarla. Tienen el poder para ello, pero no acusen a los jueces cuándo lo único que han hecho es aplicarla. Hubo otras sentencias (Gürtel, por ejemplo) previas en que se actuó igual. El PSOE no se opuso ni criticó esa sentencia.
Cuando se hace correr aquello de que "la sentencia es desproporcionada porque a Ábalos le castigan más años que a un asesino" (dicho por Óscar Puente) cabe decir que a un asesino le caen 19 años por UN delito, a Ábalos le han caído 24 por acumular hasta NUEVE delitos.
También se está oyendo que "la justicia es de derechas y está hostigando al PSOE por ser de izquierdas". ¡Vaya afirmación más gratuita y simplista!. Hay que darse cuenta que el tribunal sentenció el caso por unanimidad de los siete magistrados del Tribunal Supremo que también participaron en causas contra el PP, por ejemplo. Incluso una de las magistradas era la candidata por el PSOE a presidir el CGPJ. Fuera de dudas, entonces, ¿no?
Y por último. Se critica a la justicia por no exigir a Aldama la devolución de 3.7 millones de euros que presuntamente ganó por uso fraudulento de información privilegiada. Según la sentencia, aprobada por unanimidad, no quedo acreditada suficientemente esa cuestión y por ello no se le exige su devolución. Debe quedar claro que eso benefició a Aldama, pero también a Ábalos y a Koldo. No le han "perdonado" el dinero por colaborar con la justicia sino porque no se pudo demostrar ese hecho. No hay más.
Vivimos tiempos políticos convulsos que parecen no acabarse nunca. Y ante esto, la oposición se ve impotente para desbancar al Gobierno, la "mayoría de la investidura" amaga y ladra, pero no ataca (ya les va bien) y los gobernantes alargan como el chicle su legislatura, esperando mejores vientos para convocar elecciones.
Desde el extranjero nos miran con sorpresa, pero nosotros también estamos atónitos y esperando, con desesperación, que alguien rompa la baraja.