Introducción
Este artículo sostiene que existe una significativa disonancia entre el discurso público del PSC, aparentemente firme en la defensa de un modelo de Estado autonómico equilibrado, y sus políticas prácticas, que progresivamente han asumido demandas históricas del nacionalismo catalán. Esta contradicción se manifiesta con especial claridad en dos ámbitos cruciales: la reciente negociación sobre competencias de extranjería y la evolución de sus políticas lingüísticas en el ámbito educativo.
Análisis histórico
El PSC ha transitado desde una defensa clara del federalismo español hacia posiciones más ambiguas que facilitan acuerdos con formaciones independentistas. Esta evolución no ha sido lineal ni explícita, sino que se ha manifestado a través de un gradual desplazamiento que arrancó tras la crisis del Estatut (2010) y se ha acelerado tras la pérdida de la hegemonía electoral en Cataluña.
Durante los años del "procés" (2012-2017), el PSC mantuvo formalmente una posición contraria a la independencia y favorable a una reforma federal del Estado. Sin embargo, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y especialmente desde la formación del gobierno de Pedro Sánchez en 2018, el partido ha adoptado una estrategia de acercamiento táctico a las formaciones independentistas que contrasta con su discurso público.
Resulta llamativo contrastar declaraciones de dirigentes del PSC como Salvador Illa, quien en 2021 afirmaba que "el PSC nunca apoyará la independencia de Cataluña ni un referéndum de autodeterminación", con la aceptación paulatina de demandas históricas del catalanismo político en materias sensibles como la financiación, el reconocimiento nacional o las transferencias competenciales.
El partido ha desarrollado un sofisticado ejercicio de equilibrismo retórico que le permite mantener un discurso de "constitucionalismo renovador" mientras en la práctica facilita concesiones que aproximan a Cataluña a un estatus de excepcionalidad dentro del Estado autonómico.
Política lingüística
El PSC ha defendido tradicionalmente un modelo de "bilingüismo integrador" que respete y promueva tanto el catalán como el castellano. Sus programas electorales han recogido sistemáticamente la defensa de ambas lenguas como patrimonio compartido de la sociedad catalana. Iceta declaraba en 2017: "Somos bilingües, y esta es nuestra riqueza. La inmersión lingüística es compatible con el respeto a los derechos lingüísticos de todos".
Sin embargo, en la práctica parlamentaria, el PSC ha bloqueado sistemáticamente iniciativas para garantizar una presencia equilibrada del castellano en las aulas catalanas. En 2022, ante las sentencias judiciales que exigían un 25% de enseñanza en castellano, el partido se alineó con las formaciones nacionalistas para aprobar una ley que, en la práctica, blindaba el modelo de inmersión lingüística.
Mientras dirigentes socialistas como José Montilla defendían públicamente que "hay que respetar las sentencias judiciales sobre el uso de las lenguas", el grupo parlamentario socialista apoyaba una legislación que desactivaba el cumplimiento efectivo de dichas sentencias.
La contradicción alcanza su máxima expresión cuando el PSC defiende en Madrid un discurso sobre el respeto al bilingüismo que contrasta con sus votaciones en el Parlament. El partido ha desarrollado una estrategia de "geometría variable" que le permite mantener un discurso adaptado a cada audiencia: más favorable al castellano cuando se dirige a su electorado tradicional de las áreas metropolitanas, y más alineado con la inmersión cuando negocia con los partidos nacionalistas.
Competencias autonómicas
La reciente negociación para transferir competencias de extranjería a la Generalitat constituye un ejemplo paradigmático de este viraje. El PSC, que históricamente había defendido un modelo autonómico homogéneo, ha impulsado ahora una transferencia que implica una asimetría significativa en el sistema territorial.
La propuesta incluye aspectos como la gestión de permisos de residencia y trabajo, competencias en materia de acogida e integración, y capacidad para establecer requisitos específicos para la regularización en Cataluña, elementos que constituían demandas históricas del nacionalismo catalán.
Esta transferencia supone, de facto, un reconocimiento implícito de la "singularidad nacional" de Cataluña que el PSC formalmente rechaza en su discurso público. La medida establece un precedente que modifica sustancialmente el equilibrio territorial del Estado sin abordar una reforma constitucional explícita.
Como señalaba un informe del Instituto de Estudios Autonómicos en 2019, "la transferencia de competencias en extranjería implica reconocer a Cataluña un estatus diferencial respecto al resto de comunidades autónomas", precisamente lo que el PSC ha negado buscar en sus intervenciones públicas.
Resulta revelador que el PSC defienda para Cataluña un nivel de autogobierno que los gobiernos socialistas han rechazado para otras comunidades. Cuando en 2018 Andalucía solicitó competencias similares en materia de inmigración, el gobierno socialista rechazó la petición argumentando la necesidad de mantener un marco homogéneo.
Esta asimetría en el tratamiento revela una política de doble rasero que responde más a necesidades de aritmética parlamentaria que a una concepción coherente del modelo territorial.
Estrategia electoral
El electorado del PSC presenta una composición dual que explica en parte esta estrategia de ambigüedad calculada. Por un lado, mantiene un núcleo de votantes en áreas metropolitanas, mayoritariamente castellanohablantes y con posiciones constitucionalistas; por otro, busca recuperar votantes en áreas urbanas de clase media catalanohablante que en los últimos años se habían desplazado hacia opciones independentistas moderadas.
Esta dualidad obliga al partido a mantener un difícil equilibrio que se resuelve mediante un discurso público que enfatiza la moderación y el constitucionalismo, mientras en la práctica parlamentaria se aceptan progresivamente demandas nacionalistas.
La estrategia del PSC parece confiar en lo que algunos politólogos han denominado la "memoria política corta" del electorado. El partido apuesta por que sus votantes tradicionales valoren más el discurso público y la simbología constitucionalista que las concesiones prácticas al nacionalismo.
Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2023 reveló que solo el 31% de los votantes del PSC podía identificar correctamente las posiciones de su partido en materia lingüística, lo que sugiere un significativo desconocimiento de las políticas reales entre su base electoral.
Esta ambigüedad estratégica ha reportado dividendos electorales significativos. El PSC ha logrado recuperar la primera posición en las elecciones catalanas sin sufrir una fuga masiva de su electorado tradicional, a pesar de las concesiones realizadas al nacionalismo.
La capacidad para presentarse simultáneamente como el partido que frena la independencia y como el que mejor gestiona las aspiraciones de autogobierno representa una fórmula electoral efectiva a corto plazo, aunque plantea serias dudas sobre su sostenibilidad y credibilidad a medio plazo.
Conclusión
El análisis de la trayectoria reciente del PSC revela un partido que ha optado por una estrategia de ambigüedad calculada entre su discurso oficial y sus políticas prácticas. Esta disonancia, especialmente visible en ámbitos como la política lingüística y las transferencias competenciales, responde a una doble necesidad: mantener su base electoral tradicional mientras facilita acuerdos con las formaciones nacionalistas que garantizan la gobernabilidad en Madrid.
Esta estrategia, si bien electoralmente rentable a corto plazo, plantea serias dudas sobre la coherencia política del proyecto socialista para Cataluña y para España. El silencioso viraje del PSC hacia posiciones más próximas al nacionalismo catalán, sin un reconocimiento explícito de este cambio, supone un ejercicio de transformismo político que debilita la calidad del debate público y la transparencia democrática.
La ciudadanía catalana merece un debate político basado en la claridad de las propuestas y la coherencia entre discurso y acción. Solo así podrá avanzarse hacia soluciones duraderas para la cuestión territorial que superen la actual dinámica de ambigüedades calculadas y dobles discursos. El PSC, como principal fuerza política catalana en la actualidad, tiene una responsabilidad especial en liderar este cambio hacia una mayor transparencia política.
