España y Marruecos están condenados a entenderse. La proximidad geográfica, los intereses económicos, la lucha contra el terrorismo, la seguridad del Mediterráneo y el control migratorio convierten la cooperación entre ambos países en una necesidad estratégica. Pero existe una diferencia importante entre cooperar y depender.
Y ahí comienza el verdadero debate. Porque en los últimos años Marruecos ha acumulado una capacidad de influencia sobre España que resulta difícil ignorar. Rabat ocupa una posición estratégica en el Magreb, controla una de las principales rutas migratorias hacia Europa y sabe que determinadas decisiones tienen un impacto inmediato al otro lado del Estrecho.
Dicho de otra manera: Marruecos no es un enemigo, pero la pregunta es inevitable: ¿es realmente un socio fiable? Lo que nadie puede negar es que es un vecino imprescindible que conoce perfectamente el valor estratégico de su posición. La cuestión de fondo es si España está gestionando esta relación desde la fortaleza de sus propios intereses o desde una necesidad que limita su margen de maniobra.
El punto de inflexión llegó en marzo de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan de autonomía propuesto por Marruecos. La decisión supuso un giro profundo de la política exterior española y fue adoptada sin el consenso que tradicionalmente había acompañado a una cuestión de semejante trascendencia. Además, provocó una grave crisis con Argelia, socio energético estratégico de España durante décadas, alterando el equilibrio que Madrid había mantenido hasta entonces en el Magreb.
El Gobierno defendió que aquel cambio abriría una nueva etapa de estabilidad y cooperación con Rabat. La apuesta era clara: una relación más estrecha con Marruecos permitiría reforzar la seguridad fronteriza, reducir las tensiones bilaterales y consolidar un nuevo marco de entendimiento. Pero toda decisión estratégica exige evaluar también sus resultados. Y la pregunta sigue abierta: ¿qué obtuvo España a cambio de aquella modificación de su posición sobre el Sáhara?
Si una de las principales contrapartidas era una mayor colaboración en materia migratoria y de seguridad, conviene preguntarse si esa cooperación ha reforzado realmente la posición española o si, por el contrario, ha aumentado su dependencia.
Porque precisamente en la inmigración aparece una de las principales claves de esta relación. Nadie puede negar que los movimientos migratorios responden a múltiples causas: conflictos, pobreza, inestabilidad política y la actuación de las mafias que trafican con personas. Sería simplista atribuir toda la responsabilidad a un solo actor.
Pero tampoco puede ignorarse una realidad: Marruecos posee una capacidad decisiva para controlar la presión migratoria que llega a las fronteras españolas. Los episodios vividos en Ceuta, Melilla y otros puntos de llegada han demostrado que el grado de control ejercido por Rabat tiene consecuencias directas sobre España. Cuando Marruecos intensifica la vigilancia, la presión disminuye. Cuando los controles se relajan, las llegadas pueden aumentar con rapidez.
No hace falta afirmar que cada crisis migratoria responda a una decisión política deliberada para reconocer algo evidente: quien controla una frontera estratégica dispone de una poderosa herramienta de negociación. Y Marruecos sabe que esa herramienta tiene un valor político. La inmigración deja así de ser únicamente una cuestión humanitaria o de seguridad para convertirse también en un elemento de influencia diplomática. España necesita la colaboración de Rabat para gestionar uno de sus principales desafíos, mientras Marruecos conoce la importancia de esa necesidad.
A esta situación se añadió otro episodio que alimentó las dudas sobre la relación bilateral: el caso Pegasus. Se confirmó que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros fueron infectados mediante este software espía. Aunque nunca se atribuyó oficialmente la autoría del ataque a Marruecos, distintas investigaciones periodísticas señalaron posibles vínculos con intereses relacionados con el país vecino.
Conviene ser rigurosos: no existen pruebas públicas que permitan afirmar que Pegasus condicionara las decisiones del Gobierno español ni que fuera utilizado como instrumento de presión política. Pero tampoco puede ignorarse el significado de aquel episodio. La vulneración de las comunicaciones de las máximas autoridades del Estado introdujo una sombra de vulnerabilidad en una relación bilateral que ya estaba atravesando una profunda transformación.
Pegasus no demuestra por sí solo una relación de dependencia. Pero sí recordó que, en política internacional, la información, la capacidad de influencia y el control de determinados recursos forman parte del poder.
Llegados a este punto, el debate no debería centrarse en si España debe mantener una buena relación con Marruecos. La respuesta es evidente: debe hacerlo. La proximidad geográfica y los intereses comunes obligan a ello. La cooperación en seguridad, terrorismo, narcotráfico e inmigración es demasiado importante como para ponerla en riesgo. Pero el pragmatismo tiene un límite: la defensa de los propios intereses.
Una relación equilibrada implica que ambos socios necesitan al otro y que ambos tienen capacidad para defender sus posiciones. Cuando uno de ellos dispone de instrumentos de presión que el otro necesita especialmente, la relación comienza a adquirir una dimensión asimétrica. Ese es el núcleo del problema.
España necesita a Marruecos para garantizar la estabilidad de su frontera sur y afrontar desafíos que ningún Gobierno puede ignorar. Marruecos, por su parte, necesita también a España y a Europa como socios económicos y estratégicos. Pero la diferencia está en la capacidad de presión inmediata.
Rabat dispone de herramientas —especialmente el control migratorio— que pueden afectar directamente a España, mientras que Madrid no dispone de mecanismos equivalentes con los que condicionar las decisiones marroquíes.
Por eso, la pregunta no es si Marruecos debe ser un socio. Debe serlo. La verdadera cuestión es si esa relación se está construyendo desde la reciprocidad o desde una necesidad que reduce la capacidad de decisión española.
Calificar a Marruecos como un «socio absolutamente fiable» puede formar parte del lenguaje diplomático habitual. Pero la fiabilidad de un socio no se mide únicamente por las declaraciones oficiales, sino por la previsibilidad de sus decisiones, la reciprocidad de sus compromisos y el respeto mutuo entre ambas partes.
España necesita a Marruecos. Precisamente por eso debe evitar que esa necesidad se transforme en dependencia. Porque la cooperación es imprescindible. La dependencia, no.
Y quizá el verdadero precio de necesitar a Marruecos no sea tener un vecino poderoso, sino olvidar que incluso las relaciones más necesarias deben construirse desde la fortaleza y no desde la vulnerabilidad.
