Durante la defensa de la iniciativa, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, destacó la trascendencia de una ley que calificó como fruto de una "lucha colectiva" sostenida durante años por asociaciones, entidades y personas afectadas. La consellera agradeció también el trabajo realizado por el anterior Govern de Pere Aragonès, que impulsó el proyecto legislativo, así como la labor de la comisión parlamentaria encargada de su tramitación.
La nueva normativa establece por primera vez un marco legal específico para eliminar progresivamente el amianto de Cataluña. Entre las principales medidas contempla la creación de un censo de edificios, instalaciones y elementos que contengan este material, la realización de inspecciones periódicas para evaluar su estado de conservación y la posibilidad de actuar con mayor rapidez cuando se detecten riesgos para la salud pública. Además, incorpora un régimen sancionador específico para las infracciones relacionadas con la manipulación, mantenimiento o retirada de amianto.
La ley también regula los depósitos autorizados para la gestión de estos residuos peligrosos e impulsa la investigación sobre nuevas técnicas de inertización y reciclaje. Paralelamente, prevé fomentar la investigación médica y reforzar la atención sanitaria a las personas afectadas por enfermedades derivadas de la exposición al amianto, una sustancia que durante décadas estuvo presente en numerosos sectores industriales y de la construcción.
Uno de los aspectos más destacados de la norma es el reconocimiento explícito a las víctimas del amianto. Paneque subrayó que la ley incorpora una dimensión de memoria y reparación, con la voluntad de que tragedias humanas como las vividas por miles de trabajadores y vecinos expuestos a este material "no vuelvan a repetirse nunca más".
El debate parlamentario contó con la participación de representantes de todos los grupos políticos y fue seguido desde la tribuna de invitados por miembros de asociaciones de afectados, entidades vecinales y representantes municipales de diversos municipios especialmente afectados por la presencia de amianto, entre ellos Ripollet, Cerdanyola del Vallès y Badia del Vallès.
Tras la aprobación de la ley, el presidente del Parlament, Josep Rull, anunció la celebración este viernes de un acto institucional de reconocimiento y desagravio a las víctimas del amianto y sus familias. El homenaje tendrá lugar en el Auditori President Lluís Companys de la cámara catalana y pretende convertirse en un gesto de reparación colectiva hacia quienes han sufrido las consecuencias de uno de los mayores problemas de salud laboral y ambiental de las últimas décadas.
