Salvador Illa se ha congratulado de que el primer acto que ha realizado tras reincorporarse a su actividad en el Palau de la Generalitat “sea de vivienda” y ha expresado su agradecimiento a la Conferencia Episcopal Tarraconense “por la disposición que siempre hemos encontrado desde el Govern para colaborar, sumar e intentar resolver las cosas”.
El jefe del Govern también ha destacado que este acuerdo “es pionero en el conjunto de España, abre un camino muy interesante y muestra una disposición de ir con todo, de llegar a acuerdos con todos”. Ha señalado que “al final quien gana es el país” y que se trata de un “paso adelante importante, que forma parte de una política integral de vivienda del Govern de Catalunya”.
Este nuevo protocolo de colaboración permite ordenar, con seguridad jurídica, cómo se pondrá este patrimonio al servicio de las políticas públicas de vivienda y qué mecanismos harán posible transformarlo en promociones destinadas a alquiler asequible.
El acuerdo consolida la voluntad de cooperación entre el Govern y las diócesis catalanas en uno de los principales retos sociales del país: garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a personas y familias en situación de vulnerabilidad. El texto fija un marco estable a partir del cual deberán concretarse, en los próximos meses, actuaciones en todo el territorio.
Al acto también han asistido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; la secretaria general de Justicia y Calidad Democrática, Maite Casado; el secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Terrades; la secretaria de Vivienda, Lídia Guillén; el director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas; el director general de Vivienda, Jordi Mas; así como el obispo de la diócesis de Lleida, Daniel Palau, y el obispo auxiliar de la diócesis de Barcelona, David Abadias.
Una prioridad compartida
Con esta iniciativa, el Govern y la Conferencia Episcopal Tarraconense refuerzan la vivienda como una prioridad compartida y reafirman la voluntad de cooperación necesaria para incrementar de manera estructural el parque público de alquiler. El protocolo parte de un diagnóstico compartido: hacer frente a la problemática de la vivienda. Las partes coinciden en la necesidad de facilitar fórmulas que permitan poner en circulación bienes hoy infrautilizados y adaptarlos a las necesidades actuales de vivienda.
El documento firmado hoy establece las bases de un marco general para que la Generalitat y las archidiócesis y diócesis catalanas puedan promover proyectos de vivienda social en bienes propiedad de la Iglesia que actualmente no tienen un uso completo o permanente. A partir de ahora se abrirá un proceso de análisis técnico para determinar qué espacios reúnen las condiciones urbanísticas, de edificación y de viabilidad económica para poder acoger viviendas.
La fórmula prevista no implica ni la compra ni la donación de los inmuebles. La titularidad se mantiene en manos eclesiásticas y el uso social se canalizará a través de convenios específicos que concretarán las condiciones de cada actuación, la duración de la cesión y las responsabilidades de las partes, con todas las garantías jurídicas.
Estos convenios deberán permitir que las viviendas resultantes se destinen prioritariamente a colectivos en situación de vulnerabilidad y se gestionen bajo criterios de transparencia, equidad y servicio público.
Trabajo conjunto con cada obispado
Para alcanzar el objetivo se creará una mesa de trabajo integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y cinco miembros designados por la Generalitat de Catalunya, entre ellos cuatro miembros designados por el Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito de urbanismo) y un miembro designado por el Departament de Justicia y Calidad Democrática (ámbito de asuntos religiosos).
Paralelamente, se creará una Comisión de Seguimiento de este Protocolo integrada por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y tres representantes de la Generalitat de Catalunya.
La operativa se desarrollará de manera individualizada con cada obispado, analizando la disponibilidad real de su patrimonio y definiendo, caso por caso, la mejor vía para hacer posible el uso residencial con fines sociales. Este trabajo de campo deberá permitir priorizar las actuaciones que puedan ponerse en marcha con mayor rapidez.
