La imputación de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vuelve a situar en primer plano un debate que el Gobierno ha intentado evitar durante meses: hasta qué punto la estabilidad parlamentaria ha condicionado decisiones que afectan directamente a la fortaleza de las instituciones del Estado. Lo que debería ser un ámbito blindado frente a presiones políticas se ha convertido en un terreno frágil, donde la lógica de la mayoría pesa más que la lógica institucional.
La destitución de la exdirectora del CNI, en plena polémica por el uso del software Pegasus, fue el primer síntoma visible de esa fragilidad. La secuencia es conocida: estalla el caso, los partidos independentistas exigen responsabilidades y el Gobierno responde apartando a la directora. Lo que no se explicó entonces —y sigue sin aclararse hoy— es que el propio presidente del Gobierno fue quien dio instrucciones directas a la responsable del CNI, al margen de la ministra de Defensa, alterando los cauces habituales de funcionamiento de un organismo tan sensible.
Cuando la presión política aumentó, la directora quedó sola. Y cuando su figura dejó de ser útil para mantener la estabilidad parlamentaria, fue sacrificada sin que nadie asumiera responsabilidad política. Ahora, con su imputación, vuelve a quedar en evidencia que el Gobierno no ha ofrecido el respaldo institucional que corresponde a quien actuó bajo la Ley 11/2002, con autorización judicial conforme a la Ley Orgánica 2/2002, y dentro de los límites legales establecidos.
El episodio Pegasus dejó al descubierto una contradicción difícil de justificar: los partidos independentistas apoyaban al mismo Gobierno que, según ellos, les estaba investigando. Una situación insólita que solo puede entenderse desde la lógica del intercambio político. Mientras el Ejecutivo necesitaba sus votos para sobrevivir, los independentistas utilizaban su posición para erosionar la credibilidad de las instituciones del Estado, especialmente del CNI y del Poder Judicial.
El resultado fue un doble engaño:
- A los catalanes, que vieron cómo se alimentaba un conflicto artificial para justificar pactos políticos.
- Y a los profesionales del CNI, que comprobaron que su trabajo podía convertirse en moneda de cambio.
La situación se complica aún más con la reciente imputación de dos exdirectores de la Guardia Civil, un hecho de enorme gravedad que vuelve a poner el foco en la falta de claridad del Gobierno en materia de seguridad nacional. No se trata de episodios aislados, sino de una tendencia preocupante: los máximos responsables de organismos esenciales para la protección del Estado acaban expuestos, señalados o abandonados, mientras el Gobierno evita dar explicaciones.
La presunción de inocencia, recogida en el artículo 24 de la Constitución, no puede aplicarse de forma selectiva. Sin embargo, el Ejecutivo parece defenderla con entusiasmo cuando se trata de cargos afines, pero guarda silencio cuando quien está en el punto de mira es alguien que ya no resulta políticamente conveniente.
La seguridad nacional exige estabilidad, profesionalidad y respeto institucional. Exige que quienes sirven al Estado tengan la certeza de que no serán abandonados cuando sus decisiones —legales, autorizadas y necesarias— resulten incómodas para la mayoría parlamentaria. Y exige, sobre todo, que el Gobierno entienda que la protección del Estado no puede depender de la aritmética del Congreso.
Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo cómo quienes sostienen las estructuras de seguridad del país son sacrificados para sostener al Gobierno.
