La iniciativa, reclamada desde hace años por asociaciones policiales, busca otorgar a los agentes beneficios laborales similares a otros colectivos de alta peligrosidad, como jubilación anticipada, mejoras en cotización y mayor protección profesional.
Aunque el Gobierno no ha votado explícitamente en contra de la medida, sí ha prorrogado repetidamente los plazos parlamentarios, impidiendo que avance hacia su aprobación definitiva. Desde el Ejecutivo argumentan que trabajan en otras vías administrativas y que el debate requiere un análisis económico y jurídico más amplio.
La oposición, especialmente PP y Vox, acusa al Gobierno de “abandonar” a las fuerzas de seguridad y utilizar tácticas parlamentarias para evitar asumir el coste político y económico del reconocimiento.
El debate llega en un momento especialmente sensible por el aumento de la presión del narcotráfico en Andalucía y el creciente malestar entre agentes destinados en zonas como Cádiz y Huelva, donde denuncian falta de medios y aumento de la violencia criminal que ha provocado la muerte de dos guardias civiles esta pasada semana.
