La ausencia de reformas estructurales, después de una experiencia que mostró al Estado sus carencias jurídicas y organizativas, es hoy la evidencia más clara de seis años perdidos tras, posiblemente, la peor crisis sanitaria a la que hayamos podido enfrentarnos como sociedad con el caso del coronavirus. Y es que el actual episodio del hantavirus, detectado en el crucero MV Hondius, nos pone de nuevo en una casilla de salida que pensábamos superada: España continúa sosteniendo buena parte de su capacidad de respuesta en materia de restricción de derechos ante una contingencia sanitaria sobre una legislación de 1986, pensada para otros tiempos, otros contextos epidemiológicos y otro modelo de movilidad global.
Es más, en lugar de avanzar en la reforma de un ámbito legal inadecuado e insuficiente, puesto en evidencia por el Tribunal Constitucional que anuló los estados de excepción y los confinamientos de ciudadanos en su sentencia de julio de 2021, los cambios han sido no en el sentido de mejorar la ley, sino en el de corregir la opinión del propio Tribunal Constitucional, a través de una sentencia de finales de 2024 respecto a la ley gallega de salud pública, tras la renovación de sus miembros en 2023, y el más que evidente movimiento pendular hacia posiciones cercanas al actual Gobierno de un tribunal que parece ahora más preocupado por dar cobertura a quien gobierna que de garantizar derechos de los gobernados desde la perspectiva constitucional, al enmendarse a sí mismo con su sentencia. El truco más viejo del mundo: matar al mensajero cuando no gusta la noticia.
Sea como fuere, el Gobierno mantiene en el cajón de los temas incómodos el debate de cómo afrontar crisis sanitarias de envergadura, dejando pasar el tiempo sin proponer nada seguramente por temor al coste político de regular con claridad qué derechos pueden limitarse y bajo qué controles. Pero ello nos lleva, de nuevo, con la crisis del hantavirus, a afrontar una alerta sanitaria relevante con instrumentos jurídicos ambiguos e inseguros, a la par que potencialmente conflictivos, como ya se está demostrando en el propio debate público.
La dejadez del Gobierno es tal que la Agencia Estatal de Salud Pública, cuya creación se presentó como la gran lección aprendida tras el Covid y ante la necesidad de coordinar respuestas y evitar anticipadamente riesgos y el propio caos organizativo y competencial que se vivió en 2020, fue aprobada solo en julio de 2025, con la oposición inicial, ha de decirse, del Partido Popular, que ya sabía lo que era gobernar con riesgos de este tipo al enfrentarse al contagio de ébola en 2014. Una institución que ha quedado de nuevo fuera de la agenda del Gobierno, que disponía de seis meses para su efectiva puesta en funcionamiento. Hoy, casi un año más tarde, sin embargo, sigue sin ponerse en marcha: de nuevo política de gestos con enorme carga simbólica, pero sin voluntad de convertirse en una realidad al servicio de los ciudadanos.
El Ministerio de Sanidad de Mónica García, en la línea del conjunto del Gobierno de España, transmite así una sensación inquietante de improvisación cuando su función en un Estado descentralizado con competencias autonómicas en la materia es, justamente, prever y coordinar. Los protocolos concretos siguen siendo tan confusos y desconocidos, como las medidas tardías y vinculadas a criterios más ideológicos que técnicos o científicos. Y la aparición de un posible caso en Alicante, el paso de una posible afectada por Barcelona o los contactos internacionales conocidos hacen aún más alarmante la ausencia de cualquier estrategia pública plenamente clara y definida. Nos muestra, una vez más un patrón que ya se demostró altamente cuestionable en las primeras semanas del coronavirus.
Sin embargo, y paradójicamente, este mismo Gobierno sí demostró capacidad de movilización rápida en otras crisis humanitarias de relevante carga simbólica, como ocurrió con el barco Aquarius en 2018, una acción legítima e incluso positiva desde un punto de vista humanitario pero que, ante la confusión actual con otro buque, el HV Hondius, deja claro que este Gobierno solo actúa decididamente solo si existe interés ideológico.
Una democracia madura no puede depender del estado de ánimo político del Gobierno de turno o de sus argumentos ideológicos para disponer de mecanismos efectivos de respuesta ante emergencias humanitarias o sanitarias. Estas exigen leyes claras e instituciones operativas con protocolos conocidos con antelación y debidamente coordinados en su ejecución. No parece, ante el actual caso de hantavirus, que España haya solventado sus demasiadas carencias precisamente en aquello que prometió corregir tras la peor pandemia en un siglo.
