¿Cuánto pagarán los madrileños?
- Media por vivienda: 140 € anuales.
- Media por comercio: 310 €.
- Distritos más afectados: El Plantío (574 €), El Viso (457 €), Recoletos (430 €).
- Distritos menos afectados: San Cristóbal (45 €), Pradolongo (59 €), Amposta (62 €).
El cálculo se basa en:
- 81% del valor catastral del inmueble.
- 19% según la cantidad de residuos generados y la calidad del reciclaje en cada barrio.
¿Quién paga: propietarios o inquilinos?
- Legalmente, el pago corresponde al propietario.
- Puede repercutirse al inquilino si está especificado en el contrato.
- Contratos anteriores a la norma están protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Esto ha generado confusión y malestar entre inquilinos, que podrían ver encarecido su alquiler sin haber sido informados previamente.
La indignación ha llegado a tal punto que algunos vecinos han expresado su rechazo frontal. Un residente del barrio de Hortaleza, declaró:
“No voy a reciclar nunca más. Si al menos esta tasa sirviera para garantizar una recogida selectiva real, tendría sentido. Pero ni eso está claro.”
Este comentario, aunque extremo, refleja una frustración legítima. Es importante recordar que los servicios públicos no son gratuitos, y la recogida de residuos implica costes reales que deben ser asumidos colectivamente. Sin embargo, la crítica no está en la existencia de la tasa, sino en cómo se ha aplicado: sin una campaña informativa clara, sin garantías de mejora en el sistema de reciclaje, y sin mecanismos que premien el esfuerzo ciudadano.
Aunque el Ayuntamiento defiende que la tasa responde a una obligación legal, la forma en que se ha comunicado y aplicado deja mucho que desear. No se ha garantizado que el dinero recaudado se destine a mejorar la recogida selectiva, ni se han ofrecido mecanismos de compensación para quienes ya reciclan de forma responsable.
Además, la tasa sustituye a la anterior TRUA, lo que supone un ingreso neto adicional de 256 millones de euros para el consistorio. En un contexto de inflación y crisis de vivienda, muchos madrileños vemos esta medida como una subida encubierta de impuestos.
La sostenibilidad no puede construirse sobre la desconfianza. Si el reciclaje es un deber ciudadano, el Ayuntamiento debe garantizar que el esfuerzo se vea reflejado en el sistema de recogida. De lo contrario, esta tasa corre el riesgo de convertirse en un castigo fiscal más que en una herramienta ecológica. Y eso, lejos de fomentar el civismo, puede acabar erosionándolo.
