"Delcygate"
Comencemos con el tema de la visita a España en el 2020, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mano derecha del Presidente Maduro.
A estas alturas no hace falta recordar que el régimen "chavista" de Venezuela es una dictadura de manual a la que han protegido las izquierdas de nuestro país (especialmente el ex presidente Zapatero y el partido Podemos). Y quien dude de la certeza de su talante dictatorial, que le pregunten a las miles de personas venezolanas que han tenido que emigrar a España huyendo de la asfixia social y política que sufrieron allí. Yo he podido hablar con muchas.
Recuerden que esta mandataria política tenía prohibido pisar suelo europeo pues pesaba sobre ella una orden de detención (la prohibición de entrada de Delcy Rodríguez al espacio Schengen la dictaminó la Unión Europea). Pues bien... No solo pisó suelo español en el aeropuerto de Barajas (Madrid), el 20 de enero de 2020, sino que estuvo en España dos noches, con el beneplácito de nuestro Gobierno (con visita incluida y reunión con el Sr. Ábalos, para entonces ministro de Transportes y con el conocimiento de nuestro Presidente, Pedro Sánchez).
Después de las lógicas protestas de los partidos de la oposición, nuestro Gobierno lo negó todo en primera instancia. Luego, Pedro Sánchez declaró que la intervención de Ábalos había «evitado una crisis diplomática». Los tribunales en España archivaron las querellas presentadas relacionadas con el caso alegando que "La zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional" y este tema quedó olvidado.
Pero en octubre de 2024 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo seguía investigando, destapó un mensaje de Ábalos destinado a Sánchez en el que le informaba sobre el encuentro días antes de que tuviese lugar. Eso volvió a dejar en mal lugar a nuestro presidente quien había dicho en el Congreso que el gobierno español no sabía que la visita se iba a producir. La UCO sostuvo que el motivo del viaje fue la entrega de 104 lingotes de oro, con un valor de 68,5 millones de dólares, negociados y comprados por el empresario español Víctor de Aldama.
El chofer que trasladó al ministro Ábalos para recibir a Delcy Rodríguez fue el asesor político Koldo García. Éste ha declarado en sede judicial que de "ese asunto no hablaría ni muerto".. Ábalos también estuvo acompañado por el empresario español Víctor de Aldama.
En la delegación venezolana , además de Delcy Rodríguez, se encontraba el empresario venezolano Jorge Giménez y el ministro de turismo de Venezuela Félix Plasencia. Éste último se quedó en España hasta el día 26 de enero, día en que se vio con Begoña Gómez en la cena del 40 aniversario de Fitur . Ese mismo día hubieron contactos entre representantes de la empresa Globalia, de la que Aldama era asesor y que justamente era cabecera de la línea aérea Air Europa. ¿Me siguen?
Investigaciones posteriores han destapado que Ábalos invitó a la vicepresidenta a venir a España en carta fechada el día 10 de diciembre como "secretario de organización del PSOE". De hecho, Aldama había reservado un chalet para alojar a la delegación venezolana y, según afirma, esos días estaban previstas reuniones y cenas con el ejecutivo español.
Posteriormente, en mayo de 2025 se filtró una grabación entre el presidente del grupo Hafesa de energía y el abogado Jacobo Teijelo, donde se hablaba acerca del contrabando de petróleo venezolano desde los depósitos de República Dominicana a través de una empresa propiedad de Delcy Rodríguez en sociedad con Víctor de Aldama y manejada por un sobrino de Rodríguez, para ser vendido en mejores condiciones (contrabando). El petróleo es comprado a 30 dólares y colocado al mercado a 100 dólares el barril.
El caso aún no se ha aclarado del todo. Tomen nota y partido, si lo desean, sobre todo lo comentado hasta ahora.
Falcon
Los vuelos de aeronaves oficiales de traslado de autoridades, especialmente los aviones Falcon, que hacen escala en República Dominicana (se dice que 59 vuelos están sin justificar) han hecho circular todo tipo de teorías, si bien en ámbitos militares se suele explicar que ese país caribeño está bien situado para hacer escala en los vuelos transatlánticos entre España y América.
Pero hay varias dudas a resolver a las que no responde el Consejo de Transparencia y buen gobierno.
Una de ellas es por qué las escalas de repostaje realizadas por los Falcon en la República Dominicana se prolongan siempre durante bastante más tiempo del necesario para llenar los depósitos de los aviones, llegando incluso a superar las seis horas de estancia y en algún caso su estancia se prolongó más de un día.
Otra duda interesante a resolver es por qué la mayoría de los aviones aterrizan en pequeños aeropuertos y aeródromos desperdigados por toda la isla y por qué se elige siempre Dominicana para los repostajes. Llama la atención esta cuestión, ya que no existe ningún convenio con ese país para realizar el suministro de combustible a las aeronaves del Estado, según reconoce el propio Estado Mayor del Aire a través del Portal de Transparencia.
La tercera duda se basa en la falta de respuesta sobre quien o quienes viajan y los motivos de los viajes, en esos aviones que cuestan tanto dinero a los contribuyentes.
Todas estas cuestiones sin responder dan alas a la imaginación sobre posibles usos ilícitos.
Zapatero
Nuestro ex presidente Zapatero está siendo últimamente actualidad por presuntas irregularidades en sus negocios que están siendo investigadas.
Parece ser que mantiene lazos comerciales y empresariales en Venezuela y China que, como sabemos, son perfectas dictaduras.
El Ministerio de Transformación Digital aprobó el pasado 25 de agosto la adjudicación del contrato por 10 millones de euros para la instalación de equipos de Huawei (empresa íntimamente ligada al Gobierno Chino) en la red de fibra óptica pública RedIRIS, dependiente de Red.es, de más de 16.000 kilómetros que recorre todo el territorio español, y que da servicio a varias instituciones públicas como el Ministerio de Defensa. No obstante, tres días después, aseguró que el contrato se había cancelado por razones de “estrategia digital y autonomía tecnológica”. El Gobierno ha admitido que este contrato está “en proceso de cancelación”, y que convocará una nueva licitación.
La anulación de este contrato se produce en el marco de la polémica por las quejas del Gobierno estadounidense después de conocerse que el Ministerio del Interior había adjudicado en julio a Huawei un contrato de 12,3 millones euros para almacenar digitalmente comunicaciones interceptadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado con autorización de jueces y fiscales. La Administración de Donald Trump advirtió a España del peligro que supone para la seguridad nacional e internacional cualquier contrato con la firma china, a la que ha vetado desde 2019 por usar sus equipos presuntamente para labores de espionaje en favor del Gobierno chino. De hecho Trump eliminó de un plumazo a España de sus países "de confianza" por este motivo.
La relación entre Zapatero y Huawei, según el PP, se centra en las presuntas gestiones realizadas por el ex presidente y las vinculaciones de la empresa china con el lobby Acento, fundado por José Blanco, amigo de Zapatero, donde también trabajaron Antonio Hernando y su mujer, vinculados al Gobierno actual. El PP critica que estas conexiones podrían haber facilitado contratos públicos "turbios" con Huawei.
Y es que resulta que la plataforma tecnológica fabricada por Huawei no dispone del certificado de seguridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta calificación -denominada Certificado de Criterios Comunes para la Evaluación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información- la otorga el CNI, a los fabricantes que presentan cualquier tecnología susceptible de ser utilizada en tareas sensibles. Y el almacenamiento de las escuchas telefónicas que realizan la Policía, la Guardia Civil y el propio CNI son una de ellas.
El origen de la inquietud generada es el hecho de que Huawei, desde 2017, está obligada por la Ley China de Inteligencia Nacional a colaborar con el espionaje estatal tanto dentro como fuera de sus fronteras. Juzguen ustedes.
La ley Bolaños
Después de la tercera jornada de huelga de jueces y fiscales contra la reforma legal promovida por el Gobierno de España, éste aún pretende su aprobación en el Congreso de los Diputados. Hasta el momento, las protestas estaban secundadas por las tres asociaciones del gremio históricamente más conservadoras, sin embargo, la última enmienda incluida por el Ejecutivo ha hecho que las dos asociaciones progresistas, Unión Progresista de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia, eleven también la voz,
Las quejas de estas últimas asociaciones se centran en el proceso de estabilización que incluye la ley. Esta medida busca convertir en jueces de carrera a magistrados que llevan años ejerciendo, pero fuera del acceso ordinario por oposición. El problema, explican, reside en el método de acceso y en la inseguridad jurídica que podría generar entre quienes ya forman parte de la carrera judicial. Para la asociación judicial, el procedimiento es "arbitrario y discriminatorio" .
Algunas asociaciones judiciales han expresado su sospecha de que la intención última del Gobierno es controlar el poder judicial.
La reforma propuesta también reduce las mayorías necesarias para la elección de vocales del CGPJ, permitiendo que se realice con mayoría absoluta en segunda votación en lugar de los tres quintos actuales. Para el Gobierno, esto es una forma de evitar que el PP siga bloqueando la renovación. Para la oposición y buena parte de la judicatura, representa una injerencia política que rompe la separación de poderes y pone en riesgo la independencia judicial.
Por otro lado, y lo que parece más grave, es el hecho de que la Ley Bolaños prevé que la investigación de causas pase a estar en manos del Ministerio Fiscal. Una decisión que podría provocar que ciertas investigaciones por corrupción "pudieran no existir". Es decir, con esta reforma en vigor, podría darse el caso de que los ciudadanos ignoraran todo sobre el caso Koldo si el fiscal de turno así lo decidiera o, en su momento, podríamos no haber sabido nada de la trama Gürtel. Y es que, al fin y al cabo, las decisiones del Ministerio Fiscal dependen de lo que estipule el Fiscal General, el cual es nombrado por el Gobierno. Para que nos entendamos, un caso iría a juicio o no dependiendo de los fiscales que siguen las órdenes del Gobierno que ocupe la Moncloa, lo que supondría una intromisión grave en lo que se refiere a la independencia judicial. Al menos, hasta que el Fiscal General deje de ser elegido por el Gobierno en el poder.
Una democracia se basa justamente en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo i judicial. Si todos son uno, esto deja de ser una democracia para convertirse en una dictadura.
Ante lo visto y leído, opinen ustedes.
