La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles de origen que en su día tuvieron que exiliarse y perder o renunciar a ser españoles, algo que no puede verse como una concesión caprichosa o coyuntural, sino como una medida de justicia histórica. Y ello porque se trata así de reparar la fractura que se produjo por la violencia política, la guerra y la dictadura franquista en muchas familias que, en todo o en parte de las mismas, se vieron obligadas a abandonar su país hacia el exilio ante el miedo y la represión. Y esa deuda la mantenía viva hasta este momento una España que se considera un Estado democrático pleno.
No se trata, por tanto, con el proceso de presentación de solicitudes que terminó el pasado mes de octubre de 2025, sino de recuperar un derecho de ciudadanía que quienes puedan obtenerlo no debieran jamás haber perdido por circunstancias, además, que les son completamente ajenas: no fueron ellos sino sus padres y abuelos quienes tuvieron que abandonar su país de origen. Y de ahí que resulte apropiado e incluso de justicia restituirlos a la comunidad política de la que nunca debieron ser excluidos.
Pero, y aun no negando lo anterior, hay quienes advierten de los posibles efectos electorales de la medida, dado que un aumento de votantes en el censo electoral respecto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior podría, se dice, favorecer a partidos de izquierda. Una cuestión que se deja caer gratuitamente, porque parte de una premisa bastante discutible: una supuesta relación automática entre la ampliación del derecho de sufragio y la ideología de izquierdas.
La primera crítica a este planteamiento es básica: si esa visión procede de sectores de la derecha, resulta triste comprobar la escasa confianza en la democracia y sus procesos por parte de quienes se encuadran en ese ámbito ideológico cuando piensan que todo nuevo votante es un votante de izquierdas.
Pero, en segundo término, la realidad y la historia parecen desmentir este tipo de posicionamiento adivinatorio…
Durante años se ha sostenido, sobre todo en la última década del siglo pasado y los primeros años del actual que la propuesta de rebajar la edad de voto de los 18 a los 16 años supondría un aumento significativo del voto a partidos de izquierda, más aún de izquierda radical como Podemos o similares. Y, sin embargo, la evolución reciente del comportamiento electoral juvenil en varios países europeos, incluida España, ha mostrado una inclinación creciente hacia discursos nacionalistas y ultraderechistas, y hasta de corte autoritario. No parece hoy por ello poder afirmarse de manera absoluta que incorporar al censo a los jóvenes de 16 y 17 años vaya a suponer un vuelco hacia la izquierda, sino, probablemente, todo lo contrario.
Algo similar ocurrió con el sufragio femenino en la Segunda República española, instaurado en la Constitución de 1931 y que permitió a las mujeres votar por primera vez en las elecciones de 1933, algo que, de manera evidente, jamás podría tacharse de no ser un avance progresista. Sin embargo, ya entonces una parte significativa de la izquierda advirtió de que reconocer el voto a las mujeres beneficiaría a las derechas conservadoras, por considerar a aquellas más influenciables por la Iglesia y el entorno familiar. Y así parece que sucedió, con unos resultados favorables en esa ocasión a la derecha política, aunque es más que posible que el voto femenino se comportase realmente como el masculino.
El debate, por tanto, está en dilucidar si el reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de exiliados debe ser analizado exclusivamente por su posible impacto electoral, aun a costa de vaciar de contenido la dimensión ética que tiene recuperar un derecho para quien nunca debió perderlo. Y por ello parece que lo esencial no es cuestionarse por el a quién votarán esos nuevos españoles, sino afirmar por pura justicia su derecho a reintegrase en la comunidad política y de ciudadanía que un día perdieron por causas indeseables.
No vale, por tanto, utilizar el argumento facilón del van a votar quienes ni viven ni cotizan aquí, porque ya la Constitución reconoce como derecho inalienable de todo español el de entrar y salir del territorio nacional cuando quiera, así como la ley regula las obligaciones de tipo tributario y contributivo en virtud del principio de residencia efectiva. Pensar así nos llevaría a justificar el hurtar el derecho al voto de los parados, de quienes perciban rentas o dispongan de patrimonios exentos, o de quienes simplemente disfrutan pensiones u otras ayudas sociales, obviando así que la ciudadanía no es un contrato laboral o mercantil, sino un estatus jurídico consagrado constitucionalmente. Es más: exigir una vinculación contributiva a estos españoles para poder volver a serlo sería desconocer absolutamente las causas de su situación y la obligación moral de una reparación.
Y finalmente, los datos nos dicen que la participación de españoles residentes en el extranjero en nuestros procesos electorales es muy reducida, alcanzando apenas el 10% de los censados CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), algo que no parece ser efectivamente “preocupante” cuando, además, en las dos últimas elecciones generales han supuesto solo un diputado en cada ocasión para el PP, en 2023 a costa del PSOE en Madrid y en 2019 a costa del PNV en Vizcaya.
Ni por números ni por realidad evidente parece que haya que temer, por tanto, al aumento de españoles en el mundo.
