La oposición democrática venezolana lleva años resistiendo entre cárcel, exilio, persecución e inhabilitaciones. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma: si de verdad ha cambiado algo en Venezuela o si, simplemente, ha cambiado el modo de presentar la misma realidad.
Durante años, hablar de Venezuela era hablar de colas, apagones, hambre, exilio y represión. También de algo más concreto, más duro, más difícil de relativizar: personas encarceladas por motivos políticos. Hombres y mujeres convertidos en rehenes del poder. Gente a la que no se castigaba por delinquir, sino por disentir.
Hoy, en abril de 2026, conviene volver a hacerse la pregunta sin sentimentalismo, pero también sin autoengaño: ¿cómo está realmente Venezuela?
La respuesta no invita al optimismo. Puede discutirse si la represión es hoy más selectiva que en otros momentos, o si el régimen intenta mostrarse menos tosco que hace unos años. Lo que cuesta mucho sostener, a la vista de las cifras y de los informes disponibles, es que el país haya recuperado una vida pública normal. No la ha recuperado. El miedo sigue demasiado presente.
Los presos políticos no son un recuerdo; siguen siendo una realidad
La primera prueba está en las cárceles. Foro Penal situó en 485 el número de presos políticos en Venezuela este 9 de abril. No estamos hablando de casos residuales ni de una cifra marginal. Estamos hablando de centenares de personas. Y eso basta para desmontar cualquier relato de normalización seria. El propio seguimiento difundido estos días sostiene, además, que la ley de amnistía se está convirtiendo en un “embudo” que ralentiza o paraliza la libertad de muchos detenidos.
Personas sostienen carteles durante una manifestación este jueves , frente a la Asamblea Nacional en Caracas (Venezuela). Familiares y activistas de la ONG Surgentes exigieron que el Parlamento de Venezuela revise los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo, que consideran "falsos positivos", y que han sido excluidos de la Ley de Amnistía aprobada hace un mes.
Aquí está el punto decisivo: no basta con anunciar excarcelaciones. Lo importante es saber cuántos siguen presos, en qué condiciones, con qué garantías procesales y bajo qué lógica política. Porque mientras continúe existiendo una bolsa tan alta de detenciones arbitrarias o politizadas, el problema de fondo sigue intacto.
Y ese problema no es sólo jurídico. Es moral y político. Un Estado que encierra a quien piensa distinto no está corrigiendo excesos: está preservando un método.
La amnistía existe en el discurso, pero no despeja la desconfianza
El régimen ha intentado trasladar la idea de una etapa de alivio. Ha habido liberaciones. Ha habido anuncios. Ha habido titulares diseñados para sugerir una cierta distensión. Pero el problema aparece en cuanto se contrasta ese discurso con el seguimiento independiente.
El Nacional recogía hace unos días que, según Foro Penal, desde el 8 de enero hasta el 2 de abril hubo 743 excarcelados y liberados, pero también señalaba que 187 seguían detenidos por causas vinculadas a ese mismo ciclo represivo. Y antes, en febrero, la misma organización advertía de que alrededor de 400 presos políticos podían quedar fuera de la ley de amnistía por el modo en que fue delimitada.
Eso explica la desconfianza. No porque no haya habido salidas, sino porque el sistema sigue siendo opaco, selectivo y arbitrario. Se libera a unos. Se retiene a otros. Se promete mucho. Se documenta menos. Y, mientras tanto, las familias siguen viviendo en la incertidumbre.
No hay verdadera seguridad jurídica cuando la libertad depende menos del derecho que de la conveniencia política del poder.
El espacio cívico sigue encogido
Aquí entramos en un terreno clave. Porque un país no se mide sólo por lo que ocurre en sus prisiones, sino también por lo que ocurre fuera de ellas.
Y fuera de las prisiones, en Venezuela, el clima tampoco es el de una democracia respirable. En marzo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó de forma expresa que el espacio cívico sigue restringido, que años de represión han hecho que la gente tenga miedo de hablar y que su oficina sigue recibiendo información sobre tortura y malos tratos a detenidos, además de detenciones arbitrarias que afectan incluso a mayores, personas con problemas de salud y al menos un menor.
Esa frase de la ONU es importante porque va al núcleo del asunto. No se trata sólo de si el régimen reprime mucho o poco en comparación con otras etapas. Se trata de que la sociedad sigue interiorizando el miedo como mecanismo de supervivencia. Y eso no es normalidad. Es desgaste cívico.
Libertad de expresión: hablar sigue teniendo coste
La libertad de expresión tampoco ofrece un panorama tranquilizador. Freedom House mantiene a Venezuela en 2026 como país “Not Free”, con una puntuación global de 13 sobre 100. Y Reporteros Sin Fronteras sitúa al país en el puesto 160 de 180 en su clasificación mundial, con una puntuación de 29,21, además de insistir en enero en que la libertad de prensa sigue “severamente restringida”.
No son etiquetas retóricas. Reflejan una realidad conocida por cualquier periodista que trabaje sobre Venezuela o intente informar desde allí. Hay obstáculos para acceder a información oficial, presión sobre medios y profesionales, hostilidad hacia la prensa independiente y un marco normativo que puede usarse para silenciar la disidencia. RSF subraya incluso que, tras la controvertida reelección de 2024, el poder intensificó la persecución contra periodistas y consideró a la prensa independiente como enemiga del Estado.
Pero quizá lo más corrosivo no sea sólo la censura directa. Es la autocensura. Ese momento en que una persona decide no hablar, no publicar, no reenviar, no firmar, no acudir. Ahí se ve mejor que en ningún otro lugar hasta qué punto la libertad está dañada.
Manifestarse sigue siendo arriesgado
Otro indicador básico: la calle. En una democracia normal, manifestarse puede acarrear tensión política, pero no debería significar exponerse a vigilancia, hostigamiento o violencia parapolítica. En Venezuela, esa línea sigue sin estar clara. La ONU insiste en que el espacio cívico continúa restringido; y si el espacio cívico está restringido, el derecho de reunión y de manifestación no puede darse por garantizado en términos plenos.
Ése es el problema de fondo. No hace falta prohibir formalmente todas las protestas para vaciar de contenido el derecho a protestar. Basta con que la gente sepa que salir puede costarle caro.
¿Y los colectivos? El método no ha desaparecido
Sobre los colectivos conviene medir bien las palabras. No siempre actúan con la misma visibilidad, ni en cada momento cumplen exactamente la misma función. Pero no hay base seria para afirmar que hayan desaparecido como factor de intimidación dentro del ecosistema chavista.
Lo que sí puede sostenerse, con prudencia, es que el método de control informal sigue presente: hostigamiento, presión social, intimidación y utilización de actores afines o tolerados por el poder para aumentar el coste de la disidencia. Esa conclusión encaja con el diagnóstico más amplio de la ONU, que no habla de un aparato represivo desmantelado, sino de preocupaciones estructurales y persistentes.
Dicho de otro modo: aunque cambien los rostros, los ritmos o la intensidad, el ciudadano sigue sabiendo que el poder conserva manos visibles e invisibles para hacerse notar.
Ni libre ni normalizado
Si se juntan todas las piezas, el retrato final resulta bastante claro. Venezuela sigue teniendo centenares de presos políticos. La amnistía no ha disipado la desconfianza ni la arbitrariedad. La ONU mantiene sus alertas sobre detenciones arbitrarias, torturas y cierre del espacio cívico. Freedom House la clasifica como país no libre. RSF sigue describiendo una prensa acosada y un entorno hostil para informar. Todo eso, sumado, impide hablar con seriedad de normalización democrática.
Puede que hoy la represión no necesite exhibirse con el mismo estruendo de otros años. Puede que el régimen haya aprendido a dosificar mejor la coerción y a envolverla en palabras más suaves. Pero el fondo permanece. Y eso es lo importante.
Porque un país no es libre sólo cuando abre una celda. Es libre cuando nadie debería haber entrado en ella por pensar distinto.
Resumen de situación
Desde fuera, a veces se mira a Venezuela con una mezcla de cansancio y distancia. Como si fuera un drama largo, repetido, casi amortizado por el hábito. Y ése es un error. Porque detrás de cada cifra sigue habiendo personas concretas, familias enteras suspendidas en la espera, periodistas que escriben con prudencia forzada y ciudadanos que saben que la política puede costar demasiado.
La oposición democrática venezolana no lleva años luchando únicamente por unas elecciones limpias. Lleva años luchando por algo previo: por recuperar un país donde disentir no sea una temeridad.
Y eso, hoy, todavía no ha ocurrido.
En Venezuela no puede hablarse aún de libertad normal. Puede hablarse, como mucho, de una represión mejor administrada. Y no es lo mismo.
