Nadie niega que la visita de León XIV a España haya podido ser un éxito rotundo, pero depende de por qué y para quién. Porque nadie discute la gran asistencia popular a actos multitudinarios, la cobertura mediática constante de los mismos y, sobre todo, la recepción institucional extraordinariamente, al mismo tiempo que sorprendentemente, cálida, que han convertido el viaje papal en uno de los acontecimientos políticos y sociales del año.
Pero más allá de esa altísima exposición mediática, cabe preguntarse por la realidad más allá del espectáculo formal en un país como España, que ha pasado de ser un Estado en el que la religión católica tenía rango oficial hace cincuenta años, con más de un 95% de españoles que se declaraban católicos, a un Estado aconfesional en el que ese porcentaje llega actualmente a poco más del 50% de la población, con un número aún menor de quienes se reconocen católicos practicantes, es decir, que siguen con regularidad ritos y doctrinas de la Iglesia de Roma: tan solo poco más de un 18% de los españoles, es decir, apenas uno de cada seis ciudadanos.
Siendo honestos, por tanto, podríamos reconocer que el catolicismo practicante que observa fielmente la doctrina de Roma es hoy en España una minoría, aun cuando sea mayoritaria entre el resto de credos practicados, en una sociedad que avanza más decididamente desde hace décadas por el camino del agnosticismo o la simple indiferencia ante el hecho religioso, sin adhesiones ni rechazos, podríamos decir.
Y aunque los datos objetivos no desmienten en absoluto que España sigue siendo culturalmente cristiana, y dentro del cristianismo, naturalmente católica, sí ha dejado de ser una sociedad confesional en términos de convicción y práctica religiosa. Y es que, como en todo, buscamos la comodidad razonable dentro de un marco existencial que no nos apriete demasiado y nos permita ciertos márgenes de libre albedrío de vez en cuando y en ciertos temas. Y hay que reconocer que en esto la religión católica ha sabido adaptarse bien a la relación entre Dios y el hombre. Y del hombre con el hombre.
Por eso resulta llamativo ese contraste entre una realidad sociológica obvia y la actitud exhibida en general por buena parte de nuestra clase política durante la visita papal. Porque León XIV es dos cosas a la vez: por un lado, Jefe de un Estado reconocido con ciertos matices en la escena internacional, lo que legitima su tratamiento como tal, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, por Felipe VI como Jefe del Estado español, o por el propio Presidente del Gobierno y otras autoridades; líder, por otro lado, de una confesión religiosa que predica un mensaje moral mediante el recurso al proselitismo, es decir, ganando adeptos mediante el apostolado y la evangelización.
Y en este punto resulta ciertamente confuso haber asistido a la disposición de todo el arco parlamentario prácticamente a asumir como propio el marco moral propuesto por León XIV en su discurso en el Congreso, sede de la soberanía nacional. No en vano recibió una de las ovaciones más largas de la historia de la institución pese a poner en tela de juicio, literalmente, el principio de justicia de una sociedad que, a través de leyes aprobadas por amplia mayoría y apoyadas por una más grande aún mayoría social, ha regulado, por ejemplo, la despenalización del aborto o reconocido el derecho a la eutanasia.
Posiblemente hubo una parte del discurso mucho más susceptible en este momento de ser acogido por algunos, que no deja de ser el social de la Iglesia de toda la vida, y que resonó todavía más seguramente por ser tema de actualidad candente: el relacionado con la inmigración y la obligación moral y, por supuesto, cristiana y muy católica, de auxiliar, aceptar e integrar a quienes llegan hasta nosotros huyendo de la pobreza, las guerras, las persecuciones o las catástrofes. Y así hubo excusa para todos los sectores ideológicos, que pudieron hacer suyo el discurso del Papa de Roma en la convicción de que vino a decir lo mismo que todos ellos llevaban diciendo mucho tiempo. Una suerte de ratificación vicaria de Dios de determinados discursos políticos, por lo que se ve, aunque no fuera plena ni completa.
No cuestionando el fondo del discurso de León XIV, sin embargo, no puedo dejar de expresar cierto desconcierto por la casi ausencia absoluta de una respuesta (siquiera algún cometario) institucional que, sin buscar la confrontación, recordara un principio elemental básico de cualquier democracia liberal: las leyes de un Estado no tienen por qué coincidir con la doctrina moral de ninguna confesión religiosa. Un recordatorio que no hubiera resultado ni improcedente ni irrespetuoso, sino tan solo una actitud realmente propia de un Estado aconfesional en el que la separación entre convicciones religiosas y acción legislativa se afirma con naturalidad y respeto, sin necesidad de mostrar hostilidad alguna hacia creencias morales que no pueden dirigir la acción legislativa.
En democracia no hablamos en términos de moral, sino de ética, desde el punto de vista de la persona y sin necesidad de referirla a una inteligencia superior, y sobre todo desde la perspectiva del derecho, del imperio de la ley sobre todas las cosas para convivir. Esa ley, precisamente, que se debate y acuerda en el Congreso en el que el Papa pudo dirigirse a todos sus diputados. No hubiera estado de más que alguien hubiera reivindicado, lealmente pero también con la firmeza debida, el valor de nuestra aconfesionalidad como Estado.
