Desde Vox se defendió que los recursos públicos deben destinarse prioritariamente a los catalanes con dificultades económicas, reclamando además una auditoría del gasto social y una revisión de las ayudas vinculadas a la inmigración irregular. La formación sostiene que el actual sistema genera un efecto llamada y contribuye a aumentar la presión sobre los servicios públicos. Estas posiciones forman parte de una estrategia política que el partido viene defendiendo desde hace meses tanto en Cataluña como en otras comunidades autónomas.
La votación evidencia, una vez más, la soledad parlamentaria de Vox en cuestiones relacionadas con inmigración y política social. Mientras el resto de grupos consideran que las medidas propuestas supondrían un recorte de derechos y prestaciones, Vox insiste en que la prioridad debe ser reducir la carga fiscal, racionalizar la administración pública y garantizar que las ayudas sociales se destinen exclusivamente a quienes residen legalmente en España.
