La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre celebró la decisión sobre Almaraz, calificándola de "un paso en la buena dirección", y defendió que la política energética debe sustentarse en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, y no en planteamientos ideológicos. Por ello, sostiene que, si el Ejecutivo ha considerado viable prolongar la vida útil de la central extremeña, el mismo criterio debería aplicarse a las instalaciones nucleares catalanas.
El peso de la energía nuclear en Cataluña
Foment recuerda que las tres unidades nucleares actualmente operativas en Cataluña producen alrededor del 60% de la electricidad consumida en la comunidad, convirtiéndose en una infraestructura estratégica para el tejido industrial y para la estabilidad del sistema eléctrico. Según la organización empresarial, prescindir de esta capacidad de generación antes de disponer de alternativas suficientes supondría incrementar la dependencia energética exterior, elevar los costes de producción y reducir la competitividad de las empresas catalanas.
La patronal insiste además en que Cataluña mantiene un importante retraso en el despliegue de energías renovables, en las infraestructuras de almacenamiento y en las interconexiones eléctricas, lo que dificulta sustituir a corto plazo la producción nuclear. En este contexto, considera que cerrar anticipadamente Ascó y Vandellòs podría comprometer tanto la seguridad del suministro como el proceso de electrificación de la industria.
Un calendario de cierre ya fijado
El calendario actualmente vigente prevé el cierre escalonado de las centrales nucleares catalanas:
- Ascó I: octubre de 2030.
- Ascó II: octubre de 2032.
- Vandellòs II: febrero de 2035.
Ese calendario forma parte del protocolo firmado en 2019 entre el Gobierno y las empresas propietarias del parque nuclear español. Sin embargo, la autorización para prolongar la actividad de Almaraz hasta 2030 ha abierto un nuevo escenario político y energético que podría desembocar en una revisión del conjunto del calendario nacional.
Un debate que trasciende a Cataluña
La decisión sobre Almaraz ha provocado un intenso debate político. Mientras organizaciones empresariales, alcaldes de municipios nucleares y buena parte de la oposición consideran que la prórroga responde a criterios de seguridad energética y estabilidad del sistema eléctrico, los partidos situados a la izquierda del Gobierno y organizaciones ecologistas denuncian que supone un retroceso en la transición hacia un modelo basado exclusivamente en energías renovables.
El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que la ampliación de la vida útil de Almaraz responde a las circunstancias actuales del mercado energético y a la necesidad de garantizar el suministro eléctrico, aunque insiste en que no implica modificar, por ahora, el calendario general de cierre del resto de centrales nucleares españolas.
La industria reclama una planificación realista
Foment del Treball defiende que la transición energética debe desarrollarse sin poner en riesgo la competitividad económica ni la seguridad del suministro. Por ello reclama al Gobierno central, a la Generalitat, a las empresas eléctricas y al Consejo de Seguridad Nuclear la apertura de un diálogo que permita revisar el calendario de cierre de Ascó y Vandellòs a la luz del nuevo contexto energético.
La patronal resume su posición con una idea clara: la transición energética no debería consistir en cerrar capacidad de generación antes de disponer de alternativas suficientes que garanticen un suministro estable, asequible y libre de emisiones. Una petición que, tras la decisión adoptada con Almaraz, vuelve a situar el futuro de las centrales nucleares catalanas en el centro del debate energético español.
