El problema se detectó tras la publicación de la lista provisional el pasado 30 de julio. Según denunció el sindicato La Intersindical, había errores en el cómputo de los años trabajados, méritos profesionales y titulaciones académicas, elementos que resultan determinantes para obtener una plaza. Educació admitió posteriormente los "errores de cálculo", comunicó la incidencia a las organizaciones sindicales y anunció la publicación de un nuevo listado corregido. La conselleria sostiene que el problema afecta al proceso de oposición de unas 400 plazas, no a miles de trabajadores, y asegura que el calendario previsto para el inicio del curso no se verá alterado.
Sin embargo, el incidente llega en el peor momento posible. Apenas unos días antes, el mismo departamento ya se encontraba en el centro de la polémica tras conocerse que Cataluña quedó excluida del informe PISA 2025 al haber dejado fuera de la muestra al 23% del alumnado, muy por encima del límite del 5% fijado por la OCDE. El Govern reconoció que conocía la situación desde el mes de marzo, aunque defendió que no la hizo pública mientras investigaba qué había ocurrido. Aquella explicación generó una intensa controversia política y alimentó las críticas sobre la capacidad de gestión del departamento.
A este nuevo episodio se suma una sensación compartida por buena parte de los representantes sindicales: la de que las incidencias administrativas ya no son excepcionales, sino recurrentes. La Intersindical denuncia que las oposiciones, concursos de traslados y procesos de estabilización acumulan retrasos, rectificaciones y errores convocatoria tras convocatoria, obligando a cientos de trabajadores a revisar listados, presentar reclamaciones y vivir durante meses con una incertidumbre que dificulta su planificación laboral y familiar.
La Generalitat defiende que, al tratarse de una lista provisional, el sistema de alegaciones existe precisamente para detectar y corregir este tipo de incidencias antes de la resolución definitiva. Es un argumento jurídicamente válido. Pero políticamente la cuestión es otra: cuando los errores se suceden en ámbitos tan sensibles como la educación, la percepción ciudadana acaba siendo la de una administración que llega tarde, rectifica demasiado y transmite una preocupante imagen de improvisación.
Porque un fallo aislado puede entenderse. Dos, también. Pero cuando en apenas unas semanas se encadenan el escándalo del informe PISA y ahora un nuevo error en unas oposiciones públicas, resulta inevitable preguntarse si el problema ya no es un expediente concreto, sino la forma de gestionar uno de los departamentos más importantes de la Generalitat. La confianza en la administración educativa no se pierde por un único tropiezo; se erosiona cuando los tropiezos empiezan a convertirse en costumbre. A lo mejor es necesario un cambio de líder, o lideresa.
