La consellera de Economía, Alícia Romero, defendió unas cuentas que, según el Ejecutivo, permitirán reforzar los servicios públicos y avanzar en la modernización de Cataluña. El Govern considera que estos presupuestos aportan estabilidad institucional tras meses de negociaciones y después de que una primera propuesta tuviera que ser retirada por falta de apoyos parlamentarios. Si se cumplen los plazos previstos, la aprobación definitiva podría producirse durante el próximo mes de julio.
Sin embargo, la oposición mantiene un rechazo frontal al proyecto. Junts, PP y Vox consideran que las cuentas no responden a los principales retos económicos y sociales de Cataluña y acusan al Govern de presentar un presupuesto continuista que depende de las exigencias de ERC y Comuns. Durante el debate parlamentario, las tres formaciones insistieron en que seguirán presentando enmiendas parciales para intentar modificar un texto que consideran insuficiente y alejado de las necesidades reales de los catalanes.
Reacciones de la oposición
Junts per Catalunya
La portavoz parlamentaria de Junts, Mònica Sales, volvió a denunciar que el Govern ha hecho perder meses a Cataluña para acabar presentando unas cuentas prácticamente idénticas a las retiradas en marzo. Los posconvergentes sostienen que el presupuesto mantiene el modelo intervencionista impulsado por los Comuns y lamentan la ausencia de avances reales en financiación y soberanía fiscal para Cataluña.
Partido Popular de Cataluña
El portavoz popular, Juan Fernández, calificó las cuentas de "estafa política" y aseguró que PSC, ERC y Comuns han intentado presentar como una gran negociación un texto que, a su juicio, mantiene "las mismas prioridades equivocadas". El PP denuncia un exceso de presión fiscal, intervencionismo en vivienda y falta de medidas para impulsar la actividad económica.
Vox
Por su parte, el secretario general y portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, cargó contra lo que definió como un presupuesto basado en el "derroche ideológico" y el aumento del gasto político. Vox considera que las cuentas consolidan políticas identitarias y burocráticas mientras dejan sin resolver problemas como la seguridad, la inmigración ilegal o el acceso a la vivienda de los catalanes.
