El organismo fiscalizador, dependiente del Parlamento de Cataluña, analizó 88 expedientes de subvenciones directas, que representan casi el 96 % del total de ayudas ofrecidas por la Conselleria de Cultura en ese año. Las subvenciones se distribuyeron entre 212 entidades beneficiarias, pero la auditoría detectó “uso abusivo” de la figura de subvención directa, concebida legalmente como un instrumento puntual de estímulo para actividades específicas, no como mecanismo habitual de financiación.
Principales hallazgos del informe
Según el informe:
· Un 34,94 % de los fondos, equivalente a 21,69 millones de euros, fue adjudicado a entidades privadas sin participación pública, lo que sugiere que las ayudas se usaron como financiación estable en lugar de estímulo temporal.
· La documentación de respaldo para la selección de beneficiarios y la cuantificación de las ayudas fue insuficiente o poco concreta, sin evidencia clara de los motivos técnicos o el interés público que justificaran la concesión directa.
· La publicación de información sobre las subvenciones en los portales de transparencia fue “incompleta, poco clara y no reutilizable”, dificultando el escrutinio ciudadano y profesional de estas ayudas públicas.
· El organismo auditor también destacó que algunas de estas subvenciones podrían haberse incluido en procedimientos de concurrencia competitiva existentes o, en su defecto, agruparse en nuevas convocatorias para garantizar mayor eficiencia, igualdad de oportunidades y transparencia en la asignación de recursos.
Reacciones y consecuencias políticas
El informe ha generado críticas desde diferentes espectros políticos. Sectores de la oposición han pedido explicaciones al Govern catalán, señalando que la falta de transparencia y control en la gestión de ayudas públicas alimenta la percepción de clientelismo y opacidad en la administración autónoma. Asimismo, colectivos culturales han señalado la necesidad de reforzar mecanismos objetivos para evaluar proyectos, garantizando que las subvenciones no dependan de criterios discrecionales.
Por su parte, la Conselleria de Cultura ha defendido la legalidad de las ayudas argumentando que responden “al interés público” y al carácter “excepcional” de los proyectos financiados, aunque no ha negado la necesidad de mejorar procedimientos ni sistemas de control.
Un aviso para futuras políticas culturales
Más allá de las pugnas políticas, la Sindicatura ha formulado una serie de recomendaciones para mejorar la gestión de las subvenciones culturales, entre ellas revisar las bases de concesión directa, fortalecer los requisitos de justificación documental y ampliar la transparencia activa de la información.
El informe pone sobre la mesa una cuestión fundamental: si los mecanismos actuales de asignación de ayudas culturales en Cataluña garantizan suficiente rigor técnico, transparencia pública y equidad entre los distintos agentes culturales, o si la normativa precisa reformas urgentes para devolver confianza y claridad en la gestión de fondos públicos.
En cualquier caso, este es un duro golpe en la línea de flotación de ERC y del gobierno de entonces presidido por Pere Aragonès.
