Acoso al poder judicial
La independencia del poder judicial es un valor que ninguna democracia sana se puede permitir perder. Vale la pena luchar por ella y denunciar el acoso político que actualmente sufren los jueces por parte de políticos, ya sea en la tribuna del Congreso, en las ruedas de prensa o en las reuniones de ministros.
El "lawfare" no existe. Es un invento de nuestros gobernantes actuales para sacudirse la presión de la ley. Cuando uno se siente acorralado lo primero que hace es huir o defenderse. Y no hay mejor defensa que un buen ataque. Por ello, los políticos que sienten en su cogote el aliento de la justicia lanzan proclamas contra los jueces que les investigan.
Pero la estrategia va más allá. Es más sibilina. En primer lugar se ha asegurado el respaldo incondicional del Tribunal Constitucional, nombrando en su renovación a los jueces que les aseguraran las rectificaciones correspondientes a las sentencias del Supremo que les incriminen. Dolorosa intervención del poder político en el judicial que hay que erradicar. Como ejemplo de lo que digo está la sentencia del Constitucional que rectifica la sentencia del Supremo sobre el caso de los Eres andaluces que supuso un fraude de 700.000 millones de euros.
Como segunda estrategia dañina, el Gobierno español se saca una propuesta de ley de reforma de la justicia que pretende dos cambios fundamentales para ellos.
El más sangrante es la de conceder a los fiscales, que a su vez dependen del Fiscal General del Estado, la facultad de instruir las causas i de decidir que casos llegan y cuáles no a los juzgados, hurtándoles esa prerrogativa a los jueces.
Si como decía el mismo Sánchez en respuesta a un periodista:
-"De quien dependen los fiscales?" - decía el presidente ante la pregunta del periodista.
-"Del gobierno"- respondía este.
-"Pues eso" -sentenciaba el Presidente muy satisfecho.
Entonces queda claro que los casos pasarán filtro político y los que les atañen y perjudican se archivarán. Muy, pero que muy grave asunto.
Esto ya se ha visto ahora cuando la fiscalía desestimaba encausar a Begoña Gómez o al hermano del Presidente. Suerte que esta ley aún no está aprobada porque si no nunca sabríamos la verdad.
La misma ley quiere modificar el acceso a la carrera judicial, que según los mismos jueces sacrifica el mérito y la capacidad, para premiar la afinidad ideológica, usando como escusa, la de convertir en jueces y fiscales de carrera a casi mil jueces y fiscales substitutos. Por ello se manifestaron en una histórica huelga de magistrados y fiscales que por desgracia no despeinó al ministro.
Esta ley también limita la acción popular, es decir la capacidad de los ciudadanos de denunciar hechos delictivos y un claro intento de acallar la libertad de expresión de la judicatura.
Ya lo decía el juez Portillo, en acto público y delante del ministro Bolaños que escuchó las críticas sin importunarse lo más mínimo. Decía el juez. "hay una intento, al menos parcial, de dominar el Poder Judicial, de limar sus aristas y hacerlo más complaciente con un poder político al que incomoda los límites y contrapesos". Gravísimas acusaciones que no han tenido el eco necesario en los medios de comunicación subvencionados.
Y hablando de los medios de comunicación
El llamado cuarto poder también es un bien del deseo del Gobierno. De hecho, la radio-televisión pública española ya está en sus manos a través de un órgano de dirección completamente politizado.
No es de extrañar entonces que los servicios informativos estén ideológicamente contaminados. Programas como "Malas lenguas" o "Directo al grano", además de los telediarios, se han convertido en panfletos gubernamentales, con tertulianos afines y con reportajes y afirmaciones que delatan su tendencia política. Así, es fácil ver en ellos, si tienes valor de verlos, como callan informaciones penosas para los que mandan y como se recrean en las favorables.
El rizo máximo es el contenido publicado del orden del día del programa "Directo al grano" en la red social X.
Como se puede ver, se habla de "juicio a Miguel Ángel Rodríguez y de la pareja de Ayuso", cuando en realidad se juzga al Fiscal General del Estado por presunta filtración de secretos del sumario.
Lo dicho: bochornoso y lamentable.
