Los informes analizados por el órgano fiscalizador coinciden en señalar problemas comunes: déficits en los sistemas de evaluación, fallos en el control interno y limitaciones en la rendición de cuentas. Según Parra, estas carencias evidencian la necesidad de reforzar el cumplimiento normativo, mejorar la homogeneidad de los métodos de análisis y avanzar en los mecanismos de seguimiento de la gestión pública.
En materia de presupuestos con enfoque de género, el Tribunal apunta a una aplicación desigual entre comunidades autónomas, con metodologías incompletas y escasa medición del impacto real de las políticas.
En cuanto a los Fondos de Compensación Interterritorial, se detectan problemas de transparencia y trazabilidad, lo que dificulta evaluar la eficacia de los proyectos financiados.
Por último, el análisis de la contratación universitaria revela retrasos en la remisión de información, incumplimientos legales y deficiencias en los contratos menores, con riesgos para la competencia y el control.
Ante este diagnóstico, el diputado popular, Agustín Parra, reclamó al Tribunal de Cuentas mayor concreción en las medidas propuestas, con el objetivo de asegurar que sus recomendaciones se traduzcan en mejoras efectivas en la gestión pública y en la transparencia institucional.
