Los transportistas catalanes estallan ante los cortes de carreteras por la huelga educativa

Las movilizaciones de los docentes catalanes han logrado una enorme visibilidad pública durante las últimas semanas gracias a una estrategia basada en cortar infraestructuras clave como la AP-7, la A-2, la C-32 o diferentes accesos metropolitanos a Barcelona. Sin embargo, esa presión sobre el Govern está generando un creciente malestar en otro sector especialmente castigado: el transporte de mercancías.

Los profesores en huelga cerraron la AP7 a la altura de Granollers y dejaron a los conductores desprotegidos durante horas, ante temperaturas extremas Foto Servei Català de Trànsit
photo_camera Los profesores en huelga cerraron la AP7 a la altura de Granollers y dejaron a los conductores desprotegidos durante horas, ante temperaturas extremas Foto Servei Català de Trànsit

Las organizaciones vinculadas al transporte por carretera han comenzado a elevar el tono. La AGTC (Asociación General de Transportistas de Cataluña), integrada en Fenadismer, ha denunciado públicamente una “oleada de bloqueos no autorizados” en las principales carreteras catalanas y asegura que las protestas están provocando “gravísimos perjuicios económicos” para miles de profesionales.

La principal preocupación del sector se centra en la AP-7. No es una carretera cualquiera. Es el gran corredor logístico del Mediterráneo y la principal puerta terrestre entre España y el resto de Europa. Cada corte genera retrasos en cadenas de suministro, incumplimientos de horarios de entrega, sobrecostes de combustible y horas de conducción perdidas que, en muchos casos, son imposibles de recuperar.

Desde Fenadismer se ha insistido en que los bloqueos afectan tanto al transporte local como al interregional e internacional. La organización considera especialmente grave que muchos de estos cortes se produzcan sin apenas margen de reacción para las empresas y los conductores, que se encuentran atrapados durante horas en puntos neurálgicos de la red viaria catalana.

Un conflicto que enfrenta derechos

Los transportistas evitan entrar en el fondo de las reivindicaciones educativas y reconocen el derecho a la huelga y a la manifestación. Sin embargo, cuestionan que la protesta se traduzca sistemáticamente en el bloqueo de autopistas estratégicas.

La sensación que transmiten los comunicados sectoriales es que Catalunya se está acostumbrando a utilizar las carreteras como escenario habitual de presión política o sindical, trasladando el coste económico a terceros que nada tienen que ver con el conflicto. (

Durante la jornada más intensa de movilizaciones, los docentes llegaron a cortar simultáneamente la AP-7 en Salt, Torredembarra y Granollers, además de la A-2 en Lleida y varios accesos urbanos. Algunas afectaciones se prolongaron durante más de seis horas y generaron importantes retenciones en ambos sentidos de circulación.

Crece la presión sobre el Govern

Las asociaciones del transporte consideran que la Generalitat debe garantizar un equilibrio entre el derecho de protesta y la libre circulación de mercancías. De fondo existe también una preocupación económica: muchas empresas logísticas operan con márgenes muy ajustados y cualquier retraso masivo repercute directamente en costes, contratos y competitividad.

Por ello, el sector reclama que el Govern no solo resuelva cuanto antes el conflicto educativo, sino que también impida que las principales arterias logísticas del país se conviertan de forma recurrente en el escenario de las protestas. Para los transportistas, el problema ya no es únicamente la huelga de los docentes, sino la normalización de unos bloqueos que consideran incompatibles con el funcionamiento de una economía que depende cada día más de la logística y del transporte internacional.