Los datos del censo elaborado por la Generalitat identifican 6.813 cubiertas de fibrocemento en la comarca, una de las cifras más elevadas de Cataluña. Granollers figura entre los municipios con mayor presencia de este material, junto con Les Franqueses, Parets o Mollet, consecuencia directa de su importante desarrollo industrial durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.
Sin embargo, las cubiertas son sólo la parte visible del problema. El amianto sigue presente en bajantes, depósitos de agua, canalizaciones industriales y, especialmente, en tramos de antiguas redes de abastecimiento construidas con tuberías de fibrocemento. En muchas ciudades catalanas estas conducciones todavía forman parte de la red hidráulica y deben ser sustituidas progresivamente por materiales modernos. El propio debate sobre la presencia de tuberías de fibrocemento ha reaparecido en distintos municipios españoles durante los últimos años, donde vecinos y administraciones reclaman acelerar su renovación por motivos de seguridad y salud pública.
En el caso de Granollers, una de las cuestiones que ahora deberá aclararse es cuántos kilómetros de red de agua continúan canalizados con fibrocemento y cuál será el calendario previsto para su sustitución. Se trata de una información especialmente relevante porque gran parte de estas infraestructuras fueron instaladas hace más de medio siglo y han superado ampliamente su vida útil teórica.
La nueva ley también obligará a identificar con precisión los edificios públicos que todavía contienen amianto. Escuelas, instalaciones deportivas, equipamientos municipales, naves industriales abandonadas o antiguas construcciones agrícolas deberán ser inspeccionadas para determinar su estado de conservación y priorizar las actuaciones más urgentes.
A ello se suma otro desafío nada menor: la financiación. Aunque la Generalitat ha destinado ayudas millonarias para la retirada de amianto y prevé mantener convocatorias anuales, el coste de eliminar miles de cubiertas, tuberías y elementos constructivos seguirá siendo uno de los grandes obstáculos para muchos ayuntamientos, empresas y particulares.
La ley ya está aprobada. Ahora llega la parte más difícil: convertir los censos en obras, las inspecciones en actuaciones reales y las promesas en resultados visibles. Porque si algo demuestra el caso del Vallès Oriental es que el amianto no pertenece únicamente al pasado industrial de Cataluña. Todavía forma parte del paisaje urbano y de infraestructuras cotidianas que millones de ciudadanos utilizan cada día.
