Doscientos años después, ese sueño se ha cumplido de la manera más perversa imaginable. Tenemos democracia universal, sufragio para todos, libertad de expresión sin precedentes, acceso ilimitado a la información. Y, sin embargo, lo que se entronizó no fue la razón crítica kantiana, sino su caricatura grotesca: la opinión sin fundamento elevada a derecho inalienable, la ignorancia militante disfrazada de autenticidad popular, el desprecio visceral hacia cualquier forma de excelencia intelectual. La democracia moderna invirtió la ecuación ilustrada: ya no exige ciudadanos pensantes como condición de participación política, sino que consagró la participación como sustituto del pensamiento.
El error fue creer que bastaba con derribar las barreras formales. Kant imaginaba que, una vez liberados de tiranos y sacerdotes, los hombres ejercerían naturalmente su capacidad racional. Lo que no previó —o lo que la historia demostró con brutalidad— es que la mayoría de las personas prefieren permanecer en su minoría de edad. Pensar críticamente es arduo, incómodo, exige esfuerzo y humildad intelectual. Requiere admitir la propia ignorancia, estudiar, argumentar con rigor, someterse a la evidencia, aunque contradiga nuestros prejuicios. Es infinitamente más placentero aferrarse a las propias opiniones, envolverse en la calidez de las certezas heredadas, y denunciar como elitista a quien ose sugerir que algunas ideas son mejores que otras.
La democracia contemporánea no sólo permitió esta pereza intelectual, sino que la legitimó y celebró. El sufragio universal, logro civilizatorio incuestionable, vino acompañado de una ideología perniciosa: puesto que todos los votos valen igual en las urnas, todas las opiniones deben valer igual en el debate público. La igualdad política se confundió deliberadamente con la equivalencia epistémica. Y así, el conocimiento riguroso quedó equiparado con el prejuicio desinformado, la expertise con la "opinión del pueblo", la argumentación razonada con el sentimiento visceral. Cualquier intento de establecer jerarquías intelectuales —de sostener que quien estudió un tema durante décadas sabe más que quien lo conoce por titulares— se convirtió en herejía antidemocrática.
El resultado es una democracia habitada por millones de individuos que participan políticamente pero que rechazan con ferocidad la exigencia ilustrada del "sapere aude". No quieren atreverse a saber; quieren tener razón sin el esfuerzo previo de pensar. No buscan salir de su minoría de edad; la reivindican como autenticidad. Y lo más peligroso: no reconocen su ignorancia como problema a superar, sino que la celebran como virtud democrática frente a las élites ilustradas que pretenden tutelarlos.
Kant advirtió que la salida de la minoría de edad era difícil porque "es tan cómoda". Pero no imaginó que un sistema político podría hacer de esa comodidad un principio constitutivo. La democracia moderna no incentiva la ilustración; la penaliza. El ciudadano que se esfuerza por informarse, que lee más allá de titulares, que somete sus propias creencias a escrutinio crítico, descubre rápidamente que su voto cuenta exactamente lo mismo que el de quien opina sobre economía sin entender una regla de tres, sobre política internacional sin ubicar los países en un mapa, sobre ciencia sin comprender el método científico. ¿Para qué molestarse entonces en el arduo camino kantiano del pensamiento autónomo?
La paradoja es que este sistema se presenta como heredero de la Ilustración, cuando en realidad es su negación. La Ilustración kantiana era un proyecto aristocrático en el mejor sentido del término: no aristocracia de sangre o riqueza, sino aristocracia del esfuerzo intelectual, una jerarquía de mérito cognitivo abierta a todos pero que no regalaba nada. La democracia moderna, en cambio, abolió la exigencia: otorgó el estatus de ciudadano pleno sin pedir nada a cambio, menos aún la molestia de pensar.
Y entonces llegó quien documentó con precisión implacable las consecuencias de esta inversión. José Ortega y Gasset, escribiendo en 1930, observó el resultado del experimento: una civilización en la que las masas habían conquistado el poder político sin adquirir responsabilidad intelectual, sin someterse a disciplina alguna, sin aceptar la necesidad de justificar racionalmente sus exigencias. El acceso universal a la participación política, sin la exigencia de ilustración que Kant consideraba indispensable, no produjo una democracia de ciudadanos racionales. Produjo algo mucho más inquietante: la rebelión de las masas contra todo aquello que exige excelencia, esfuerzo o jerarquía intelectual.
El sueño ilustrado se convirtió en pesadilla. Y la pregunta que Ortega nos legó permanece sin respuesta: ¿puede sobrevivir una democracia habitada por ciudadanos que rechazan el imperativo kantiano de pensar por sí mismos?
