Se trata de algo más que una derrota política porque las consecuencias son para todos, ya que empeora la delicada situación del mercado de la vivienda en España. Y es que proyecta una imagen de improvisación institucional y de acción de gobierno irresponsable e inaceptable.
“La vivienda se ha convertido en el primer problema de la sociedad española y, por ello, requiere de una respuesta seria, sostenida y eficaz. Y no un mero parche”.
Ante el encarecimiento del acceso a la vivienda y la dificultad de amplios sectores sociales para encontrar un alquiler asequible, como es el caso de jóvenes, familias trabajadoras o rentas medias, la decisión de actuar mediante decreto-ley, con efectos limitados en el tiempo y basados en un burdo truco legal, simplemente añade dosis innecesarias de incertidumbre para aquellos a los que se decía querer proteger.
La vivienda se ha convertido en el primer problema de la sociedad española, y por ello requiere de una vez por todas de una respuesta seria, sostenida y eficaz. Y no un mero parche. Exige políticas públicas basadas en criterios realistas y no ideológicos. Sin embargo, el Consejo de Ministros optó por la vía extraordinaria del decreto-ley, jurídicamente muy discutible, para introducir medidas de relevante impacto social y económico que desplazaban de nuevo a los propietarios la insolvencia política de todo un Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como de todo el Gobierno en su conjunto.
Porque dicho ejecutivo sabía, de antemano, de la falta de apoyos para mantener tales medidas más allá de la transitoriedad, lo que eleva realmente la decisión a la categoría de auténtico abuso de derecho o de fraude de ley. El resultado es un escenario más inestable en un mercado de la vivienda en alquiler ya tensionado, donde la seguridad y la previsibilidad deberían ser condiciones imprescindibles tanto para propietarios como para inquilinos.
En este momento, la inseguridad de un marco regulatorio mutante que afectaba a contratos firmados entre las partes se ha contagiado ahora de los propietarios a muchos inquilinos, ya que el Gobierno había generado en estos una serie de expectativas -aumento del plazo de los arriendos y limitación de la actualización del precio del alquiler- que apenas han durado unas semanas.
“Jugar temerariamente al órdago para forzar acuerdos políticos parece ser la única estrategia posible para un Gobierno incapaz”.
Desde este momento, aquellos acuerdos y su eventual modificación provocada por la norma desaparecida quedan en un limbo de inseguridad, forman parte de una litigiosidad que deberán resolver los tribunales. Y esto supone no solo la carga para los ciudadanos de tener que afrontar trámites y gastos procesales, sino que afecta a decisiones vitales, proyectos familiares y presupuestos personales vinculados a esas cláusulas contractuales.
La utilización del decreto-ley en este contexto plantea también, una vez más, el debate de fondo de si se está respetando la previsión constitucional de que esta figura se reserve para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad dado que, de nuevo, se ha convertido en herramienta para tomar decisiones de gran trascendencia social sin la participación de todo el Congreso.
Y es que jugar temerariamente al órdago de evitar el trámite legislativo ordinario para forzar acuerdos políticos parece ser la única estrategia posible para un Gobierno incapaz de sumar mayorías, lo que termina por erosionar la confianza en nuestro modelo legislativo y debilita la credibilidad del propio sistema democrático. Se echan de menos medidas estructurales, coordinación del Estado con las comunidades autónomas, medidas en favor de aumentar la oferta y garantizar la seguridad jurídica para evitar, en definitiva, confusión y riesgo.
“¿Es asumible que un Gobierno utilice decisiones que afectan de manera directa a miles de ciudadanos como táctica en su estrategia parlamentaria?”
En cualquier caso, el mayor reproche al Gobierno que cabe hacer es que Moncloa sabía desde un principio de la carencia de votos suficientes para convalidar el decreto-ley aprobado. Es más: el esfuerzo de la parte socialista del Gobierno por salvar las medidas ha sido poco o ninguno, tal como ha denunciado Sumar. Y eso no es un buen antecedente a la hora de valorar la juridicidad de la medida, porque no ayudará en nada a esos inquilinos que pueden verse finalmente estafados, literalmente, por el mismo Gobierno que supuestamente les defendía. Y por ello la actual situación nos plantea algo muy relevante: ¿Es asumible que un Gobierno utilice decisiones que afectan de manera directa a miles de ciudadanos como táctica en su estrategia parlamentaria?
Una manipulación tan grosera del derecho a una vivienda digna a manos de políticos irresponsables e insolventes, y de sus relatos ideológicos, convierte a la ciudadanía en rehén de cálculos meramente partidistas, porque aquel derecho desaparece así diluido en la batalla absurda del victimismo de los incapaces. Las armas arrojadizas en política, en este caso en materia de vivienda, suelen ser un bumerán, con el agravante de que el golpe lo sufren esta vez propietarios e inquilinos. La sociedad en su conjunto. Porque es lo que tiene este tipo de soluciones, que terminan agrandando el problema.
