Es decir: la administración que paga vigilantes, adjudica contratos millonarios de seguridad y presume de “movilidad sostenible” reconoce que desconoce qué ocurre dentro de su propia casa. No saben cuántos robos hay, cuántas agresiones se producen ni cuál es el nivel real de inseguridad que sufren miles de usuarios cada día. Pero eso sí: para subir tarifas, poner campañas ideológicas o perseguir coches privados, la maquinaria burocrática funciona a la perfección.
La respuesta de la AMB no es simplemente incompetencia administrativa; es el retrato exacto de un modelo político agotado. Un sistema donde la propaganda importa más que la realidad y donde el ciudadano queda abandonado mientras las instituciones viven encerradas en su burbuja. Porque si quien gestiona el transporte no conoce los delitos que se producen en él, entonces hay dos opciones: o no quieren saberlo, o prefieren ocultarlo. Y ambas son gravísimas.
Lo más surrealista es que Barcelona lleva años arrastrando una imagen internacional de ciudad insegura, especialmente en el metro, con carteristas organizados y delincuencia habitual en estaciones y vagones. Incluso medios extranjeros y datos policiales han alertado históricamente del problema.
Mientras tanto, el usuario normal sigue bajando cada mañana al suburbano convertido en una mezcla de gimnasio de supervivencia y ruleta rusa urbana. Y quienes deberían garantizar la seguridad responden con un encogimiento de hombros institucional: “no tenemos esa información”.
Traducido al lenguaje común: no saben lo que pasa en su casa. O peor todavía: sí lo saben, pero prefieren mirar hacia otro lado. 
