Porque los datos son evidentes y vienen repitiéndose temporada tras temporada: aunque el número total de incendios ha disminuido en las dos últimas décadas, cada vez arden más hectáreas y aumentan los incendios de más de 30 hectáreas, y en especial aquellos que superan las 500 hectáreas y que terminan convirtiéndose en grandes incendios forestales (“GIF”) que escapan de cualquier capacidad de control. Las políticas, por tanto, en materia forestal se demuestran ineficaces: España no está ganando la batalla contra el fuego, sino que simplemente está viendo cómo los incendios son cada vez más devastadores.
Las previsiones para 2026, a fecha 21 de junio y según los análisis de la agencia Europa Press que parecen confirmarse, nos hablaban ya de más de 4.200 siniestros y hasta 10 grandes incendios, con cerca de 40.000 hectáreas calcinadas. A falta de los meses históricamente de mayor riesgo, julio y agosto, y ya con múltiples focos abiertos, los datos del EFFIS (European Forest Fire Inform, julio 2026), las cifras de hectáreas calcinadas llegarían a 53.000 y, con ello, a uno de los peores años registrados. Una situación preocupante porque ya no nos sorprende. Porque parece que hemos normalizado que cada verano sea potencialmente una nueva catástrofe medioambiental.
¿Cómo es posible que un país como España, con tanta experiencia recurrente en incendios forestales, siga reaccionando año tras año como si estos eventos fueran una emergencia imprevisible, incapaz de revertir el problema?
La respuesta está en un modelo político que continúa priorizando la extinción frente a la prevención. Durante décadas se han destinado enormes esfuerzos a mejorar los dispositivos de emergencia, lo que resulta imprescindible, pero sin dedicar apenas esfuerzos a evitar que los incendios alcancen dimensiones incontrolables. Es una estrategia tan costosa como insuficiente, porque ningún operativo, por moderno que sea, puede afrontar un gran incendio cuando el monte lleva años abandonado y las condiciones meteorológicas juegan, además, en su contra.
Las propias estadísticas oficiales desmontan el relato de la fatalidad: entre el 80 y el 95% de los incendios en España tienen una causa en la actividad humana, ya sean intencionados -un 55 a 60%- o por negligencias o accidentes -un 25 a 30%-, reduciéndose al mínimo los incendios de origen natural o desconocido. A ello se suma un cambio climático incontestable con temperaturas anormalmente elevadas y que duran más tiempo, reduce la humedad relativa del aire y amplía el efecto de los fuertes vientos, tres elementos que, de concurrir, convierten nuestros montes en inmensos depósitos de combustible listo para arder. La cuestión es, por tanto, que sabemos cuáles son las causas, como sabemos por qué ocurre. Sin embargo, carecemos de la voluntad política para actuar con la misma determinación con la que después se promete recuperar lo perdido tras el paso del fuego.
España necesita dejar de entender la política forestal como un gasto estacional y empezar a considerarla como una auténtica política de Estado objeto de una gestión permanente y continua. Resulta difícil comprender que, con diagnósticos tan coincidentes entre las distintas administraciones, la comunidad científica y las organizaciones expertas en la defensa ambiental, siga sin consolidarse una estrategia preventiva sostenida en el tiempo que consiga blindarse contra los cambios coyunturales de gobierno y dotarse de recursos suficientes, adecuados y permanentes.
La prevención no consiste únicamente en apagar fuegos antes de que nazcan. Hay una herramienta fundamental que debe desarrollarse en la formación de la ciudadanía desde edades tempranas, incorporando la cultura forestal en los currículos educativos y fomentando decididamente el voluntariado ambiental. Solo así conseguiremos realmente reducir los comportamientos de riesgo que están detrás de la inmensa mayoría de los incendios. Ello significa también reconocer que nuestros profesionales forestales trabajan con una paradoja: cuanto mejor hacen su trabajo, menos visibles son sus resultados, porque el éxito de un ingeniero forestal, de un agente medioambiental o de una brigada preventiva consiste precisamente en que no haya incendios que ocupen titulares en los medios de comunicación.
Prevenir también exige invertir en innovación tecnológica, en diseñar una gestión eficaz de la biomasa como recurso, mejorando las labores de mantenimiento de los cortafuegos y los tratamientos selvícolas. Pero también con medidas de relevancia e impacto social y económico como la recuperación de la ganadería extensiva como herramienta natural para limpiar el monte al tiempo que se le devuelve actividad lucrativa al medio rural. Todo ello requiere continuidad presupuestaria y visión estratégica, dos cualidades que demasiadas veces brillan por su ausencia en la política española, principalmente en los últimos años.
Mientras el debate público siga activándose únicamente cuando aparecen las llamas, seguiremos llegando tarde, desde esa realidad que nos muestra que la prevención no genera fotografías espectaculares ni titulares inmediatos, o que sus resultados son invisibles porque consisten, precisamente, en evitar tragedias. Quizá por eso ha sido históricamente la gran olvidada de las políticas públicas.
Pero los incendios forestales empiezan antes de la primera chispa: con el abandono del territorio, la falta de planificación, la infrafinanciación de la gestión forestal y, sobre todo, con una política que continúa actuando sobre las consecuencias en lugar de hacerlo sobre las causas. No necesitamos en España los mismos discursos de cada verano. Necesitamos una política forestal eficaz, capaz de anticiparse al fuego y no de resignarse solo a combatirlo cuando se detecta.
Que la grandeza del país se mida no por su capacidad para apagar incendios, sino por su inteligencia para evitar que estos lleguen a producirse.
