Sin embargo, para el usuario que cada mañana se enfrenta al andén con la incertidumbre como única compañera de viaje, este anuncio no suena a recuperación, sino a una broma de mal gusto. Porque volveremos a pagar, sí, pero lo haremos para recibir exactamente lo mismo de siempre: retrasos, un servicio deficiente, escasez de información puntual y la humillante sensación de viajar, cuando lo logras, de hacerlo como sardinas en lata.
La historia de esta gratuidad comenzó el pasado 20 de enero tras el trágico accidente en Gelida que se cobró la vida de un maquinista. Aquel suceso no fue un incidente aislado, sino el síntoma definitivo de una red ferroviaria afectada durante décadas por la desinversión y la falta de mantenimiento estructural. En ese momento, la administración reconoció implícitamente que no podía cobrar por un servicio que, sencillamente, no funcionaba. Fue una compensación por el caos, una tregua económica ante una infraestructura que se caía y se sigue cayendo a pedazos bajo tras años de abandono.
Según el Govern, el servicio ha recuperado ya el 90% de su volumen habitual de pasajeros, lo que interpretan como una señal de confianza restaurada. ¿No será que mucha gente no tiene otra manera de moverse? También nos dicen que la red opera al 96% de su potencial y que las obras de emergencia —en las que se han invertido unos 186 millones de euros— han estabilizado los puntos más críticos. Pero, ¿qué significa ese 96% para alguien que espera, sin saber hasta cuándo, en la estación de Mataró o de Sant Vicenç de Calders?
La realidad técnica, despojada del optimismo institucional, indica que aún quedan 157 limitaciones temporales de velocidad (LTV) activas en la red. Es decir, 157 puntos donde los trenes deben frenar porque la vía no garantiza la seguridad necesaria para circular a velocidad normal. Aunque se han movilizado a más de 400 operarios y ejecutado 31 actuaciones de emergencia en taludes y trincheras, el sistema sigue siendo un mosaico de parches. Como bien señala la plataforma Dignitat a les Vies, se está demostrando una desconexión total con la realidad diaria de trenes y andenes. No se puede hablar de normalidad cuando líneas como la R15 solo reabren parcialmente y con limitaciones que lastran cualquier intento de puntualidad.
El aspecto más sangrante de este retorno al pago es la persistencia de la saturación. En la línea R1 del Maresme, por ejemplo, los usuarios denuncian tanto la falta de frecuencia de trenes como la consecuente afluencia masiva de pasajeros. ¿Cómo se justifica cobrar una tarifa, por muy bonificada que sea, cuando el servicio básico de confort y dignidad mínima no está garantizado? La respuesta de la administración es la promesa de nuevos trenes de Alstom que nunca llegan. De las 70 unidades que ya deberían estar circulando, ni una sola ha sido entregada debido a fallos en los criterios de seguridad. Se nos pide que volvamos a pagar por un servicio supuestamente renovado cuya mejora, con suerte, empezará a materializarse en 2027. Es un contrato leonino donde el usuario siempre pierde.
El fin de la gratuidad se nos vende como un paso hacia la estabilización, pero para muchos ciudadanos es un paso en falso. El coste de Rodalies volverá a ser no solo el del billete, sino el del estrés de no llegar al trabajo o a clase, el de las horas perdidas en túneles o el de la inseguridad constante.
El sistema tarifario que regresa este sábado intentará suavizar el golpe con abonos para viajes ilimitados, buscando un modelo híbrido que no sea tan gravoso como el anterior a la crisis. Pero el problema nunca fue exclusivamente el precio. Porque el verdadero privilegio sería tener un tren que llegue a su hora, que no se suprima sin previo aviso y que no obligue a trabajadores o estudiantes a hacinarse en vagones obsoletos.
Mientras el Ministerio de Transportes y la Generalitat se felicitan por haber gastado millones en “obras de emergencia” para salvar los muebles tras el desastre, el usuario ve cómo la factura vuelve a su bolsillo sin que los problemas estructurales hayan desaparecido. Las autoridades aseguran que vamos camino de la normalidad. Es decir, un sistema mediocre que sobrevive a base de parches y promesas electorales.
En definitiva, no celebramos la recuperación de un servicio, sino el fin de una penitencia económica que las administraciones se vieron obligadas a conceder por vergüenza. A partir de ese sábado volveremos a validar nuestros títulos de transporte, a pagar por los mismos retrasos, por la misma falta de información y por el mismo hacinamiento. La diferencia es que ahora, además del tiempo y la paciencia, también nos costará dinero.
