Según las pesquisas, parte del dinero procedente de contratos públicos podría haberse utilizado para cubrir gastos privados de personas vinculadas a la entidad, un extremo que está siendo analizado tras la intervención judicial del caso. En este contexto, los Mossos d’Esquadra llegaron a incautar el teléfono móvil de Rivas el pasado mes de enero, así como diversa documentación municipal, dentro de una investigación que también abarca contratos de servicios como limpieza y mantenimiento urbano entre 2022 y 2024.
Pese a la gravedad potencial de los hechos, desde el Govern se ha trasladado un mensaje claro: plena confianza en Rivas y defensa de su presunción de inocencia. El propio jefe de gabinete se ha personado en la causa y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.
El caso no es completamente aislado. Ya en 2025, la investigación derivó en la detención de tres personas no vinculadas políticamente por un presunto desvío de fondos desde esa misma fundación, lo que refuerza la complejidad de una trama que ahora alcanza al entorno directo de la presidencia catalana.
La investigación sigue en curso y deberá determinar si existieron responsabilidades penales o si, por el contrario, los hechos quedan circunscritos a irregularidades administrativas. Mientras tanto, el foco político se mantiene sobre la figura de Rivas y la gestión pasada en Esparreguera, en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo catalán.
