Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, agradeció a la patronal este tipo de encuentros que están realizando con todos los representantes políticos. “Para nosotros es muy útil por dos motivos. Primero, para escuchar. Quien no escucha no entiende, y si no entiende difícilmente podrá solucionar y ayudar a lo que para nosotros es el motor económico y social de Cataluña: el tejido productivo, la pequeña y mediana empresa, las clases medias y trabajadoras. Por tanto, debemos escuchar cuáles son sus prioridades para tener la brújula bien orientada”.
Turull añadió: “Estos encuentros también son muy útiles para poder explicarnos; es decir, cuando en el Congreso de los Diputados o en el Parlament de Catalunya adoptamos determinadas posiciones, es precisamente para ayudar a este motor económico y social del país, y concretamente de esta comarca, que tiene muchas potencialidades, está en una situación privilegiada y cuenta con un importante peso industrial, pero que también comparte las mismas necesidades y retos que el conjunto de Cataluña”.
Entrando en temas nacionales, y sobre la votación de esa misma tarde en el Congreso acerca del decreto del Gobierno que prorroga los contratos de alquiler, preguntamos si el Ejecutivo se había puesto en contacto con Junts para negociar el texto e intentar modificar su voto. En este sentido, Turull fue contundente: “No, no, no. De Sumar lo último que escuchamos es que éramos una pandilla de racistas y no sé qué más, pero nuestra posición de hoy no tiene nada que ver con esos insultos. Lo que decimos es que estos partidos de izquierdas no pueden privatizar el escudo social. Eso de invito yo y pagas tú no funciona de ninguna manera”.
El secretario general de Junts per Catalunya añadió: “Ven que la oferta de alquiler cada vez disminuye y siguen acelerando en la dirección contraria con estas políticas. Decirle a una persona que, aunque no le paguen, debe mantener el alquiler; o que si necesita su vivienda para su hijo o hija no podrá recuperarla hasta dentro de dos años, no funciona. Nadie pondrá un piso en alquiler y todo el mundo acabará vendiéndolo. Además, con este decreto —y ellos lo saben— quienes salen beneficiados son los fondos buitre. Porque al fijar un tope sin permitir modificar contratos anteriores, los alquileres que ya estaban por encima se mantienen igual”.
Turull concluyó que “Si se criminaliza a los propietarios, nadie pondrá un piso en alquiler. Cuando haces una política de vivienda en la que te cae más simpático un okupa que un propietario, vas al fracaso”.
Finalmente, justificó que “nuestro voto busca precisamente facilitar el acceso a la vivienda, proteger la propiedad privada y lograr que más gente quiera poner su vivienda en alquiler, garantizándoles seguridad jurídica y evitando que se les criminalice constantemente”.
