La iniciativa, impulsada por el PSC y tramitada por el procedimiento exprés de lectura única, ha salido adelante con un amplio apoyo parlamentario: 124 votos a favor de PSC, Junts, ERC, PPC, Vox y Aliança Catalana, frente a los 10 votos en contra de Comuns y CUP.
La nueva normativa incorpora como infracción grave la realización de grafitis y pintadas tanto en infraestructuras ferroviarias como en el material rodante. Además, considera infracción muy grave cualquier deterioro, destrucción o manipulación de elementos vinculados a la seguridad ferroviaria.
Uno de los principales cambios es el endurecimiento de las multas. Las sanciones leves podrán alcanzar hasta los 18.000 euros; las graves oscilarán entre 18.001 y 90.000 euros y las muy graves podrán llegar hasta los 900.000 euros.
El texto también contempla agravantes específicas para aquellos casos en los que las pintadas obliguen a detener el servicio ferroviario o alteren su funcionamiento, aplicándose entonces las sanciones en su tramo más alto.
En el caso de menores de edad, la ley prevé que las multas puedan sustituirse o complementarse con trabajos en beneficio de la comunidad o programas educativos.
Durante el debate parlamentario intervinieron representantes de todos los grupos, en una sesión marcada por el amplio consenso político para combatir el vandalismo en el transporte público y reforzar la protección de las infraestructuras ferroviarias catalanas.
