La norma ha salido adelante con un amplio respaldo parlamentario: 111 votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC y PPC, frente a los 21 votos en contra de Vox, Comuns y CUP, además de dos abstenciones de Aliança Catalana.
El decreto obliga a las empresas concesionarias del servicio interurbano a presentar en un plazo de tres meses planes específicos de descarbonización de sus flotas, así como mejoras en los sistemas de información para los usuarios.
Como compensación por las inversiones que deberán asumir las compañías, el Govern permitirá ampliar las concesiones actuales hasta un máximo de seis años adicionales.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, defendió la urgencia de la medida asegurando que el transporte público interurbano ha registrado “un crecimiento sostenido del 28% desde 2019” y que en los próximos años será necesario ampliar la flota hasta los 1.900 vehículos, unos 300 más que en la actualidad.
Paneque explicó además que el objetivo del Ejecutivo catalán es que en 2029 el 75% de la flota interurbana esté ya descarbonizada. La consellera recordó que existen actualmente 154 contratos de concesión que finalizan en 2028, por lo que consideró “imposible esperar” al vencimiento de esos contratos para iniciar la transición ecológica.
El debate parlamentario contó con intervenciones de representantes de todos los grupos, reflejando posiciones distintas sobre el modelo de financiación, las concesiones a las empresas privadas y la estrategia de movilidad sostenible impulsada por el Govern.
