Los hechos
En abril de este año, el consistorio convocó una plaza de operario de cementerio / mantenimiento con unas bases que exigían como mínimo el nivel B2 de catalán (equivalente al nivel que se adquiere al finalizar la ESO). Además, entre los requisitos figuraba superar una prueba oral y escrita en catalán.
La entidad Convivencia Cívica Catalana presentó recurso judicial contra esas bases, alegando que la exigencia de ese nivel lingüístico resultaba desproporcionada e implicaba discriminación.
El juez aceptó el recurso y declaró nulas las bases del concurso. En su sentencia, considera que el puesto de operario de cementerio es “eminentemente manual/material, sin exigencias propias de interacción lingüística compleja”, por lo que exigir el nivel B2 sería desproporcionado, generando una barrera de acceso que excluye a personas que no acrediten esa capacidad lingüística.
El fallo ordena que el requisito lingüístico para esa plaza se reduzca al nivel A2, es decir, al nivel básico mínimo. Además, impone al Ayuntamiento la obligación de pagar 1.000 € en costas judiciales.
Argumentos del juez y límites en los requisitos lingüísticos
El juez parte de algo que es común en la legislación catalana: las administraciones pueden requerir conocimiento del catalán para puestos públicos, siempre que el nivel exigido se adecúe a las funciones concretas del puesto. No cuestiona el carácter legítimo de que se exija catalán per se, sino la proporcionalidad del nivel B2 en este caso. Según el juez:
- No existe justificación suficiente de que un operario de cementerio deba manejar competencias lingüísticas complejas (gramática, redacción, conversación técnica).
- La exigencia del B2, sin conexión evidente con las tareas del puesto, constituye una discriminación directa porque excluye a candidatos que pueden estar cualificados para el trabajo material, pero no tienen ese dominio lingüístico.
- El requisito ha sido aplicado de forma indiscriminada, sin distinguir entre tareas de interacción o atención al público y aquellas puramente operativas.
Este tipo de razonamiento encaja con precedentes legales sobre requisitos lingüísticos: no basta con fijar un nivel alto si no hay conexión objetiva con las funciones del puesto.
Reacciones y contexto político
El Ayuntamiento de Vic, gobernado por Junts, criticó la sentencia, calificándola como parte de una ofensiva judicial contra el catalán. El alcalde Albert Castells declaró que no se dejarán "intimidar" y defendió que los empleados públicos deben poder atender en catalán para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Estas tensiones no son nuevas en Cataluña: varios municipios -como Sant Andreu de Llavaneres o Roses ya habían sido señalados por haber exigido niveles de catalán que fueron cuestionados o revisados tras críticas o recursos legales pero, hasta hoy, ninguno había sido condenado por ello.
El abogado Ángel Escolano, representante de Convivencia Cívica, celebró que el fallo refuerce el principio de que el nivel lingüístico exigido por las administraciones debe ser razonable y proporcional a las funciones de cada plaza.
Implicaciones y reflexiones
Este caso marca un hito: Vic es, hasta ahora, el primer ayuntamiento condenado por esta causa en Cataluña por exigir un nivel de catalán considerado desproporcionado para un puesto que no lo justifica.
Las principales lecciones o consecuencias que se pueden derivar incluyen:
Control de proporcionalidad obligatorio. Este fallo reafirma que no basta exigir conocimiento de catalán; ese requisito debe guardar una relación de adecuación con las funciones del puesto.
Posible efecto contagio. Podría animar que otros candidatos o asociaciones presenten recursos contra bases similares en otros municipios que han fijado niveles elevados de catalán para puestos operativos.
Replanteamiento de las bases municipales. Ayuntamientos deberán revisar sus convocatorias para asegurarse de que los requisitos lingüísticos no sean usados como barrera injustificada.
Obviamente, la sentencia va a provocar una fuerte tensión política y simbólica en los municipios catalanes gobernados por fuerzas independentistas. Para algunos, la sentencia supone una limitación al despliegue de políticas lingüísticas municipales; para otros, un control necesario frente a excesos administrativos.
