La cartelería ha aparecido adherida en espacios tan diversos como las instalaciones de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la calle Sant Josep, un edificio municipal, así como en la fachada de una antigua óptica situada en la céntrica plaza de la Porxada, entre otros puntos. En algunos casos se trata de equipamientos públicos y, en otros, de propiedades privadas ajenas al conflicto que pretende denunciarse.
La reivindicación del derecho a la vivienda y la oposición a los desahucios forman parte del debate social y político actual y cuentan con el respaldo de numerosos colectivos ciudadanos. Sin embargo, la utilización de fachadas, mobiliario urbano y edificios públicos o privados como soporte para este tipo de campañas vuelve a abrir el debate sobre los límites de la protesta y el respeto al espacio común.
Más allá del fondo de la reivindicación, la colocación de carteles sin autorización supone ensuciar elementos que pertenecen a todos los ciudadanos o a particulares que nada tienen que ver con la controversia. Una práctica que, lejos de reforzar el mensaje, puede acabar generando rechazo entre parte de la población y restando credibilidad a unas demandas que, para muchos, son legítimas y merecen ser defendidas por vías compatibles con el respeto al patrimonio público y privado.
