La propuesta procede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia —un organismo regulador independiente, pero integrado en la arquitectura institucional del Estado— y plantea trasladar a la demanda eléctrica el coste de la reposición del servicio durante los días 28 y 29 de abril de 2025. En términos menos técnicos: cargarlo sobre quienes consumen electricidad. El coste total calculado para reactivar el sistema se sitúa entre 34,3 y 51,6 millones de euros, aunque, después de descontar cantidades ya liquidadas por los mecanismos ordinarios, el importe pendiente que podría repercutirse estaría aproximadamente entre 25,2 y 42,5 millones.
Ese dinero serviría para pagar a las centrales que participaron en la recuperación del suministro: ciclos combinados de gas, instalaciones hidráulicas, centrales de bombeo y otras unidades de generación que actuaron mientras los mercados eléctricos permanecían suspendidos. La CNMC propone reconocer precios de alrededor de 119,49 euros por megavatio hora para los ciclos combinados y determinadas centrales hidráulicas y de bombeo, y 122,71 euros para las centrales de carbón. Red Eléctrica había planteado inicialmente un precio de 246 euros por megavatio hora, más del doble del finalmente considerado por el regulador.
Para evitar que el golpe aparezca de una sola vez en el recibo, la cantidad se recuperaría progresivamente durante un periodo máximo de doce meses, distribuida en función del consumo. El recargo unitario podría parecer pequeño —entre 0,14 y 0,21 euros por megavatio hora antes de los descuentos ya aplicados—, pero esa no es la cuestión. El problema no es únicamente cuánto pagará cada familia, sino por qué debe pagarlo. Se está utilizando la factura eléctrica como un cajón de sastre en el que cabe cualquier coste, cualquier decisión regulatoria y cualquier fracaso del sistema.
La respuesta institucional consiste en presentar esta repercusión como una aplicación ordinaria de las reglas del mercado eléctrico. La presidenta de la CNMC ha defendido que los precios reconocidos se han calculado atendiendo a costes variables y referencias de mercado, sin introducir una supuesta “sobrecarga excepcional”. Una explicación técnicamente muy elaborada que no responde a la pregunta esencial: ¿por qué los consumidores deben financiar la solución de una crisis que no provocaron y cuyas responsabilidades continúan sin estar claramente determinadas?
Porque estos 42 millones no llegan solos. Desde el apagón, Red Eléctrica ha aplicado una operación reforzada del sistema, recurriendo con mayor frecuencia a centrales de gas y a tecnologías síncronas para garantizar la estabilidad de la red. Entre mayo de 2025 y marzo de 2026, estas medidas habrían supuesto unos 666 millones de euros adicionales, trasladados también al coste de la electricidad. Para un hogar medio acogido al PVPC, se ha calculado un encarecimiento aproximado de 14 o 15 euros anuales.
Así funciona el negocio perfecto: cuando el sistema opera con normalidad, las empresas presentan beneficios; cuando el sistema falla, los ciudadanos pagan las consecuencias; y cuando hay que repararlo, los ciudadanos vuelven a pagar. Mientras tanto, las eléctricas se protegen, Red Eléctrica sostiene que el apagón fue un incidente “inédito y multifactorial” y el Gobierno permite que el coste vaya deslizándose hacia la factura sin exigir previamente una identificación inequívoca de quién hizo mal su trabajo. Redeia, además, ha asegurado que el apagón no tendrá impacto financiero para la compañía. Para la empresa, ninguno. Para el consumidor, todos.
Si una compañía privada causa un perjuicio, responde por él. Si una administración comete una negligencia, debería asumir responsabilidades políticas y patrimoniales. Pero en el sistema eléctrico español se ha impuesto una tercera vía mucho más cómoda: socializar los costes y privatizar los beneficios. Los españoles no provocaron el apagón, no diseñaron la red, no decidieron qué centrales debían estar disponibles ni eran responsables de garantizar la estabilidad del suministro. Por tanto, no deberían pagar ni un solo euro, como mínimo, hasta que se determine con absoluta claridad quién falló, por qué falló y quién debe indemnizar a quién.
Lo ocurrido es exactamente al revés de lo que cabría esperar en un país serio. Nadie ha compensado automáticamente a los ciudadanos por las horas sin servicio, por los alimentos estropeados, por las jornadas laborales perdidas, por los trenes detenidos o por las ventas que miles de negocios dejaron de realizar. Para reclamar esos perjuicios, el consumidor debe presentar facturas, demostrar daños y superar una carrera de obstáculos. En cambio, para cobrarle el coste de la reposición, basta con añadir unas décimas a la factura y repartirlas entre treinta millones de contratos.
El Gobierno de Pedro Sánchez debería impedir este recargo hasta que se resuelvan las investigaciones y se establezcan responsabilidades. No puede limitarse a observar cómo el regulador y las empresas ordenan las liquidaciones mientras el ciudadano vuelve a convertirse en el pagador de último recurso. Porque una cosa es financiar el mantenimiento normal del sistema eléctrico y otra muy distinta obligarnos a pagar la reparación de un colapso que sufrimos por culpa de otros.
Nos dejaron a oscuras y ahora quieren cobrarnos por volver a encender la luz. Más que una política energética, parece una tomadura de pelo nacional. Pero tampoco nos debería pillar de sorpresa la solución, solo debemos recordar quienes pagamos el rescate de los bancos….
