Porque existe una constante que merece ser observada: cuando gobierna la izquierda, tanto en Catalunya como en España, aumentar la recaudación parece convertirse casi en una virtud política. Más impuestos, nuevas figuras tributarias, modificación de tipos y una presión fiscal que acaba encontrando caminos para llegar al mismo sitio: el bolsillo del ciudadano.
Y esta vez ocurre algo todavía más curioso. La Generalitat no solo recauda; también se beneficia de aquello que está asfixiando económicamente a muchas familias. La vivienda es el mejor ejemplo. Comprar una casa resulta cada vez más caro, pero cuanto más sube su precio, mayor puede ser también la base económica sobre la que operan determinados impuestos vinculados a la compraventa o a las herencias.
Los números hablan por sí solos. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ha proporcionado 692 millones durante el primer semestre, un 32,1% más que hace un año. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ha aportado 1.314 millones, un 9,4% más, mientras Actos Jurídicos Documentados alcanza los 849 millones, con un crecimiento del 17,6%. Entre los tres: 2.855 millones de euros en apenas medio año.
Conviene no hacer trampas con las cifras. Que Sucesiones recaude un 32,1% más no significa que todos los catalanes estén pagando un 32,1% más por heredar. Significa que la Generalitat ha ingresado esa cantidad adicional por el conjunto del impuesto. Pero tampoco podemos ignorar la paradoja: cuando aumenta el valor de aquello que tenemos —especialmente la vivienda— la Administración dispone de mayores posibilidades de recaudar.
Y ahí aparece una de las contradicciones más interesantes de determinada política fiscal de izquierdas. Recordemos aquella célebre frase de José Luis Rodríguez Zapatero: «Bajar impuestos es de izquierdas». Han pasado los años y parece que alguien perdió aquella carpeta por el camino.
Porque hoy el ciudadano corriente tiene la sensación exactamente contraria. Paga cuando gana dinero, paga cuando compra, paga cuando consume, paga cuando llena el depósito, paga cuando tiene una vivienda y puede volver a pagar cuando hereda aquello por lo que sus padres ya tributaron durante toda su vida. Y mientras tanto escucha cómo cada nuevo récord de recaudación es presentado prácticamente como una demostración de buena gestión.
Recaudar más es relativamente sencillo. Lo complicado es gestionar mejor. Y ahí es donde deberían comenzar las explicaciones: listas de espera sanitarias, educación, dependencia, infraestructuras, Rodalies, seguridad o vivienda. Si ingresamos cientos de millones adicionales, el ciudadano tiene todo el derecho a preguntar dónde está la mejora equivalente en aquello que recibe.
Y quizás ahí reside el verdadero debate. Ser socialista no debería significar conseguir que todos seamos un poco más pobres para que la Administración sea cada vez más rica. Redistribuir riqueza exige primero permitir que alguien pueda generarla y conservar una parte razonable de ella. De lo contrario, llegará un momento en que ya no estaremos redistribuyendo prosperidad, sino simplemente repartiendo empobrecimiento.
Mientras tanto, la Generalitat puede celebrar sus 6.338 millones recaudados en seis meses. Aunque yo, antes de descorchar el cava, preguntaría algo bastante más sencillo: si la Administración catalana tiene 665 millones más que hace un año, ¿cuánto más tiene el catalán corriente en su bolsillo? Me temo que muchos ya conocen la respuesta.
