Hasta ese momento, la amnistía sólo era un reclamo de los independentistas para intentar frenar las causas penales y contables iniciadas a raíz de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Después de las generales de hace dos años y ante la posibilidad de poder hacer gobierno con el apoyo de los partidos independentistas, Sánchez impulsó esta ley. Dos años después, su política ha sido respaldada por el órgano de garantías que, en estos momentos, tiene una mayoría progresista de 6 a 4.
Los magistrados conservadores han anunciado que emitirán votos particulares y se prevé que serán duros con la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Los cuatro de la minoría intentaron frenar el debate para que el TC acudiera a la justicia europea y èsta se pronunciara sobre la legalidad de una amnistía y si se encuentra dentro de los parámetros de la legislación europea.
En cualquier caso, la sentencia ha quedado con las líneas generales fijadas en la ponencia. El texto concluye que la amnistía es constitucional, aunque la Constitución no lo diga explícitamente: “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí”.
Asimismo, la sentencia aclara que “la amnistía no es el olvido de los hechos, sino la extinción -total o parcial- de las consecuencias jurídicas de carácter represivo anudadas a ellos”. “Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede borrarlos o hacerlos desaparecer. Con carácter general, una ley de este tipo lo único que conlleva es la extinción de responsabilidad punitiva por una expresa decisión del legislador”.
El tribunal descarta también que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes. Según el texto, el Parlamento no está reemplazando a los tribunales en la determinación de la culpabilidad, sino estableciendo que, por motivos extrajurídicos, se extingue la responsabilidad punitiva que pueda derivarse de la comisión de determinados ilícitos cometidos en el pasado.
Lo que declara inconstitucionalidad es que no se puedan acoger a la amnistía aquellos que se encuentren inmersos en un proceso penal por conductas dirigidas a rechazar el “procés” ni que se pueda aplicar la amnistía a hechos posteriores a la aprobación de la ley.
Acerca de Puigdemont
Gonzalo Boye, el abogado del expresident Carles Puigdemont, ha avanzado este jueves que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la amnistía y, como medida cautelar, que se le levante ya la orden de detención que pesa sobre él para que pueda regresar a Cataluña.
En declaraciones a Catalunya Ràdio y TV3, el abogado de Puigdemont ha anunciado que ya trabaja en este recurso de amparo, justo el día en el que el alto tribunal ha avalado, dividido, la constitucionalidad de la ley de amnistía y después de que ayer el Tribunal Supremo confirmara la decisión de no amnistiar el delito de malversación del expresident, lo que ya abría la puerta a recurrir al Constitucional.
La intención del abogado de Puigdemont es que alrededor de finales del mes de julio el Supremo deba admitir la no detención y encarcelamiento del expresidente de la Generalitat fugado por el aún vigente delito de malversación de fondos públicos.
Reacciones
Salvador Illa, por su parte, ha comparecido este jueves desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat para valorar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del PP contra la ley de Amnistía. Ha bautizado el momento como “una hora feliz” y ha interpretado el fallo del tribunal de garantías como un voto “a favor de la normalización política e institucional de Catalunya”, tal y como reza en el título de la norma. De hecho, la confirmación de la constitucionalidad es, para Illa, una “noticia de trascendencia difícil de negar”, si bien la aprobación de la norma en el Congreso y la aplicación hasta ahora a más de 300 personas demuestra, según ha dicho, que “la ley ha funcionado”. “Las cosas van mejor en Catalunya”.
El president se ha remitido al preámbulo de la ley para confirmar que a su juicio se cumple con el propósito de “devolver la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política”, y seguidamente ha pedido respeto para la decisión del TC, momento en el que ha apelado directamente al Supremo para que la aplique “con diligencia”.
Alejandro Fernández (PP) El líder popular catalán ha anunciado su posicionamiento en un tuit indicando: “A diferencia de otros, nosotros no quemamos contenedores cuando una sentencia no nos gusta, pero tenemos todo el derecho del mundo a decir que Conde Pumpido trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas.” El texto demuestra su disconformidad con la sentencia pero el acatamiento a la misma por parte de los populares catalanes.
A diferencia de otros, nosotros no quemamos contenedores cuando una sentencia no nos gusta, pero tenemos todo el derecho del mundo a decir que Conde Pumpido trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas.
— Alejandro Fernández (@alejandroTGN) June 26, 2025
Ignacio Garriga (VOX) ha criticado duramente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía: “Se ha cometido el mayor acto de corrupción política de manos de un tribunal. El Tribunal Constitucional es una delegación del Partido Socialista que ha rubricado el pacto de investidura de Pedro Sánchez con el separatismo. Hoy la igualdad de los españoles ha volado por los aires y la independencia judicial ha pasado a la historia”.
Garriga ha recordado que “si hoy el Tribunal Constitucional se ha posicionado a favor de la Ley de Amnistía es porque Feijóo pactó con Sánchez la presidencia de Conde-Pumpido”. Por último, ha advertido de los peligros que, a su juicio, supone el presidente del Gobierno: “Sabemos que Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Lo peor de Sánchez está por llegar”.
