El Partido Popular de Andalucía y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno y estabilidad que pone fin a las negociaciones abiertas tras las elecciones autonómicas y garantiza una mayoría parlamentaria sólida durante toda la legislatura. El pacto, plasmado en un documento de 60 páginas estructurado en quince grandes bloques temáticos, compromete a ambas formaciones a aprobar los presupuestos de 2027, 2028, 2029 y 2030 y desarrollar un amplio programa de reformas centrado en la reducción de impuestos, el endurecimiento de la política migratoria, el impulso económico y la protección de las familias.
El acuerdo parte de la idea de ofrecer a Andalucía un Ejecutivo estable con el respaldo de 68 diputados, una mayoría superior a los tres quintos del Parlamento andaluz. Ambos partidos defienden que el objetivo es consolidar un modelo político alternativo al del Gobierno central, basado en la estabilidad institucional, la eficiencia en el gasto público y la defensa de la igualdad entre españoles.
Uno de los capítulos más relevantes es el económico y fiscal. El documento contempla una bajada progresiva del IRPF durante toda la legislatura para las rentas inferiores a 60.000 euros, nuevas deducciones por nacimiento de hijos, discapacidad, familias numerosas, adquisición de gafas o lentes de contacto y una deducción específica de 2.000 euros para enfermos de ELA. También prevé eliminar diversos impuestos propios de carácter medioambiental y seguir ampliando las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La inmigración constituye otro de los pilares del acuerdo. PP y Vox rechazan el reparto obligatorio de inmigrantes irregulares, plantean impulsar planes de retorno y repatriación de menores extranjeros no acompañados, eliminar subvenciones públicas a organizaciones que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, crear mecanismos de control del fraude en el padrón municipal y priorizar el acceso a ayudas públicas para quienes acrediten un arraigo efectivo en Andalucía. También se recoge la prohibición del uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos autonómicos dentro del ámbito competencial de la Junta.
En materia económica, el pacto apuesta por una estrategia de reindustrialización, la liberalización de suelo industrial, la simplificación administrativa, el impulso a autónomos y emprendedores y la protección del sector primario. En el ámbito energético se pretende compatibilizar el desarrollo de renovables con la defensa del suelo agrícola, limitando la instalación de grandes plantas fotovoltaicas o eólicas sobre terrenos de alto valor agronómico.
La vivienda ocupa igualmente un espacio destacado. El acuerdo fija el objetivo de construir al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura, reformar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a la vivienda, ampliar los avales públicos para jóvenes y familias numerosas y establecer criterios de prioridad para el acceso a vivienda protegida vinculados al arraigo y la contribución al territorio. Asimismo, ambas formaciones expresan su oposición a la Ley estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El documento incorpora además numerosas medidas sociales, entre ellas una futura Ley de Familia de Andalucía, el incremento de ayudas a la natalidad y a la maternidad, un plan integral de apoyo a la mujer embarazada, mejoras en la atención a la dependencia y un aumento de plazas en residencias y centros de día para mayores. También prevé reforzar las inversiones en sanidad, educación y justicia, además de revisar diferentes leyes autonómicas calificadas por los firmantes como "ideológicas".
El documento establece calendarios concretos para buena parte de las medidas y compromete a ambas formaciones a mantener una cooperación parlamentaria estable durante toda la legislatura.
