El dirigente de Vox sostiene que las diligencias judiciales conocidas en los últimos días reflejan una supuesta utilización de estructuras vinculadas al partido para intentar influir en investigaciones que afectaban al entorno socialista. Entre los elementos que han alimentado la polémica figuran las reuniones documentadas por la UCO entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, así como la investigación sobre presuntas gestiones realizadas en favor de determinadas empresas relacionadas con ayudas públicas.
Garriga acusó al PSOE de encontrarse inmerso en una crisis institucional sin precedentes y reclamó la convocatoria inmediata de elecciones generales. Según Vox, la acumulación de causas judiciales que afectan a antiguos cargos socialistas y a personas vinculadas al partido justificaría que los ciudadanos vuelvan a las urnas para decidir el rumbo político del país.
Por su parte, el PSOE mantiene que no existe ninguna implicación orgánica del partido en los hechos investigados y defiende que, en todo caso, se trataría de actuaciones individuales ajenas a la organización. La dirección socialista ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia y ha rechazado las acusaciones lanzadas por la oposición, insistiendo en que serán los tribunales quienes determinen las responsabilidades que puedan existir.
La batalla política, sin embargo, se intensifica a medida que avanzan las investigaciones. Mientras Vox considera que los nuevos informes de la UCO sitúan al PSOE en el centro del foco judicial, los socialistas denuncian una utilización partidista de procedimientos que continúan bajo investigación y pendientes de resolución judicial.
