El documento, firmado por el diputado Javier Ramírez Gutiérrez, pregunta directamente si el Govern conocía “contratos o acuerdos de intermediación” con comisiones de entre el 1% y el 3% del valor de la operación, así como posibles reuniones con empresas como Grupo Aldesa, Idella Consulenza Strategica o Análisis Relevante.
La ofensiva política de Vox busca conectar las investigaciones judiciales abiertas sobre presuntas tramas de corrupción y mediación internacional con operaciones empresariales desarrolladas en Cataluña. Entre las cuestiones más delicadas figura la supuesta mediación de Zapatero para favorecer una adjudicación de 2.000 millones de euros a la constructora estatal china CRCC, así como posibles contactos institucionales alrededor del proyecto Hard Rock.
Las grandes preguntas que Vox quiere esclarecer
El escrito registrado en el Parlament deja varias incógnitas políticas de enorme impacto:
- ¿Tuvo la Generalitat conocimiento de comisiones o contratos de éxito vinculados al proyecto Hard Rock?
- ¿Existieron reuniones entre cargos públicos catalanes y empresas o consultoras relacionadas con las investigaciones?
- ¿Hubo actuaciones de lobby o intermediación no declaradas durante la tramitación del proyecto?
- ¿Puede garantizar el Govern que ninguna decisión urbanística o administrativa estuvo condicionada por intereses privados?
- ¿Ha recibido la Generalitat requerimientos judiciales o comunicaciones de la Audiencia Nacional sobre este asunto?
- ¿Piensa el Govern abrir auditorías internas o revisar expedientes relacionados con Hard Rock Tarragona?
Vox intenta así convertir el caso en un problema no solo estatal, sino también catalán, vinculándolo a uno de los proyectos urbanísticos más controvertidos de los últimos años. La estrategia coincide con el creciente desgaste político del PSOE y con las críticas internas de dirigentes socialistas como Emiliano García-Page, que ya plantea una cuestión de confianza o incluso elecciones anticipadas.
Por ahora, las investigaciones continúan abiertas y no existe ninguna condena judicial contra Zapatero ni contra responsables de la Generalitat. Sin embargo, la presión política aumenta cada día y el “caso Zapatero” amenaza con convertirse en uno de los principales ejes de confrontación política de la legislatura.
