Durante su intervención, el director de Accesibilidad e Innovación de la entidad, Jesús Hernández Galán, fue contundente: la inaccesibilidad continúa siendo “la forma más sutil de discriminación”, una realidad que, lejos de desaparecer, se manifiesta en ámbitos cotidianos como el empleo, la educación o los servicios públicos.
Una discriminación invisible pero estructural
A diferencia de otras formas de exclusión más explícitas, la falta de accesibilidad opera de manera silenciosa. No siempre se percibe como discriminación directa, pero sus efectos son igual de profundos: limita la autonomía, reduce oportunidades y condiciona la participación social.
Esta idea conecta con un fenómeno más amplio que denuncian las organizaciones del sector: la discriminación indirecta, aquella que no se expresa en normas o discursos, sino en entornos que no están diseñados para todos.
En ese sentido, Hernández Galán insistió en que el problema no está solo en la ausencia de recursos, sino en un enfoque estructural que sigue tratando la accesibilidad como un añadido y no como un elemento central desde el inicio.
Empleo y accesibilidad: un binomio inseparable
La Fundación ONCE subrayó que la accesibilidad no es solo una cuestión de derechos, sino también de oportunidades económicas. El acceso al empleo —clave para la inclusión social— depende en gran medida de entornos accesibles.
“No son cifras, son personas”, recordó el responsable de la entidad al destacar que en 2024 se impulsaron más de 11.000 empleos vinculados a iniciativas de inclusión.
El mensaje es claro: sin accesibilidad, la integración laboral sigue siendo parcial.
Diseñar desde el origen, no corregir después
Uno de los puntos centrales de la comparecencia fue la necesidad de cambiar el enfoque: incorporar la accesibilidad desde el diseño inicial de productos, servicios e infraestructuras.
La Fundación ONCE reclamó además reforzar la formación en este ámbito, tanto en la universidad como en la Formación Profesional, para evitar que la accesibilidad se aborde como una corrección tardía y no como un principio básico.
Este planteamiento coincide con la evolución normativa en Europa, donde la nueva legislación sobre accesibilidad busca precisamente integrar estos criterios de forma transversal.
Derechos reconocidos, retos pendientes
Dos décadas después de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, el diagnóstico es claro: los avances legales no siempre se traducen en igualdad efectiva.
Persisten barreras físicas, digitales y sociales que dificultan el ejercicio pleno de derechos. Como advierten expertos y organizaciones, el reto ya no es solo reconocer derechos, sino garantizar su aplicación real en la vida cotidiana.
Una llamada a la acción pública y privada
Ante este escenario, la Fundación ONCE apeló a reforzar la colaboración entre administraciones y sector privado para transformar los derechos en oportunidades concretas. El objetivo, subrayaron, es avanzar hacia un modelo de sociedad donde la accesibilidad no sea una excepción ni una adaptación, sino la norma.
Porque, como quedó claro en el Congreso de los Diputados, la inclusión no depende únicamente de leyes o discursos: depende, sobre todo, de eliminar esas barreras invisibles que siguen dejando fuera a millones de personas.
