Los "avances" progresistas

No cabe duda que nuestro Gobierno es progresista. Seguramente el más escorado a la izquierda de los que hemos tenido en democracia. Como tal, se vanagloria de sus avances progresistas que pretenden no dejar a nadie atrás. Eso está bien como principio, pero ¿lo han conseguido? Analicemos por un momento algunas de sus propuestas legislativas.

Fotografia del Gobierno con los últimos cuatro movimientos ministeriales
photo_camera Fotografia del Gobierno con los últimos cuatro movimientos ministeriales

Falta de vivienda

Isabel Rodríguez García, Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, defiende la aplicación de la Ley de Vivienda 12/2023 para limitar precios de alquiler en zonas tensionadas, buscando mejorar el acceso y la estabilidad de los inquilinos. En Cataluña se ha aplicado tal cual y en cambio la Comunidad de Madrid se ha posicionado en contra, llegando incluso a declararse insumisa ante esta ley.

Veamos:

En febrero de 2026, el precio del alquiler en Cataluña cayó un 1,2% interanual, situándose en 18,2 €/m2. En el mismo mes, la Comunidad de Madrid vio cómo sus rentas subían un 10,8% anual, alcanzando los 21,3 €/m2. Los datos numéricos parecen dar inicialmente la razón al Gobierno pero hay letra pequeña.

Los analistas advierten que esta bajada en Cataluña puede ser engañosa si se analiza el mercado en profundidad. La reducción del precio en los anuncios de alquiler permanente es paralela a una desaparición masiva de oferta de este tipo. Al limitar el precio, muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado tradicional para trasladarlas al alquiler de temporada o vacacional, los cuales no están sujetos a los mismos controles de precios. En dos años, este tipo de contratos se ha multiplicado por cinco reduciendo la disponibilidad de vivienda habitual. Según publica El Periódico, la oferta de alquiler cae un 60% desde 2024 y el mercado del alquiler está desequilibrado en Cataluña.

En resumen, en Cataluña puede que haya bajado una décima el precio del alquiler por metro cuadrado, pero a cambio hay menos viviendas disponibles.

¿Dónde van a vivir nuestros hijos? ¿Cuándo podrán emanciparse?

Defensa de las mujeres

La aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del «solo el sí es sí» intentó dar respuesta al desencanto social por la sentencia inicial en el caso de «la Manada».

En el ánimo de los legisladores  debía estar la eliminación total de esta lacra social. Pero los datos no lo corroboran. El análisis de la evolución de los delitos contra la libertad sexual desde 2021 hasta 2026 revela una tendencia ascendente imparable:

Indicador de Criminalidad Sexual

2021 (anterior a la Ley)

2023 (Post-Ley)

2024

2025

Hechos conocidos totales 17.016 21.825 24.660 25.227
Agresiones con penetración 2.143 4.890 5.206 5.363
Variación interanual total

+29,1% (vs 2020)

+25,5% (vs 2022) +13,0% (vs 2023) +2,3% (vs 2024)
 

Los niños, las niñas (con un 80%) y los adolescentes suponen el 42,6% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Además los expertos alertan sobre un preocupante aumento de la violencia sexual ejercida por menores y la banalización de estas conductas en entornos digitales.

Pero lo más doloroso para las víctimas fue ver que, a causa de la ley, se redujeron penas a los condenados y en muchos casos se excarcelaron a condenados por este tipo de delitos. Datos de 2026:

Órgano Jurisdiccional Reducciones de Pena Excarcelaciones
Audiencias Provinciales 978 107
Tribunales Superiores de Justicia 145 10
Tribunal Supremo 31 0
Balance Consolidado (Total) 1.233 120 (aprox.)

Lo que tampoco se consigue reducir son las muertes de mujeres, mayoritariamente por sus parejas o exparejas. Desde el año 2021 se mantienen cercanos a los 50 por año.

Año Muertas
2021 49
2023 58
2024 49
2025 48
2026 (a marzo) 14

Tampoco parece haber avance en este tema.

Lucha contra la pobreza

Mucho da que hablar este apartado, pues es bien sabido que pretende ser el caballo de batalla de todas las izquierdas que acusan siempre a sus opositores de provocar la pobreza. Pues bien, según la EPA del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas en desempleo han aumentado su índice de pobreza en 7 puntos desde 2008 y hasta el 2024 que es cuando cierra el estudio, mientras que las personas con empleo tan solo han rebajado en una décima ese índice en el mismo periodo.

Es doloroso ver como España se sitúa en el tercer país de Europa con más pobreza laboral, con un porcentaje de población que trabaja y a la vez está en riesgo de ser pobre, de un 11,2%.

Vamos hacia un país de personas dependientes de las subvenciones del Estado.

A principios de 2026, más de 17 millones de personas en España dependen de una pensión, subsidio o sueldo público. De estas, cerca de 3,2 millones reciben prestaciones no contributivas o subsidios de desempleo, y más de 2,4 millones se benefician del Ingreso Mínimo Vital (IMV), destacando un perfil mayoritariamente femenino.

Pero aun es más grave que España sea el país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta según el último informe de UNICEF España. Según este mismo estudio,  un 29,2% de los niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza. Si a la pobreza monetaria, sumamos los hogares con carencias materiales o con baja intensidad en el empleo, la cifra sube al 34,8%. Lo que supone unos 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes en España en pobreza o exclusión.

Seguimos sin encontrar un avance real. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), no han tenido un impacto en la reducción de la pobreza infantil en España.

Vamos a dejarlo aquí para no extendernos demasiado en el artículo, pero en la mente de todos queda el deterioro de los servicios públicos (educación, sanidad, justicia, transportes...) que tanto defienden en sus discursos nuestros gobernantes actuales.