De la etapa de Felipe González recordamos el caso GAL, que acabó con condenas como la de José Barrionuevo, ex Ministro del Interior, ofreciéndonos otros casos como el de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil o el de la financiación del PSOE a través de las empresas instrumentales Filesa, Malesa y Time Export. Después, la regeneración prometida por José Mª. Aznar derivó también en nuevos escándalos, como el caso Naseiro, archivado por la justicia por defectos procesales, pero apuntando a la misma financiación irregular de un partido político, en este caso el PP, aunque con un patrón más evolucionado y perfeccionado, como el que dio lugar después al caso Gürtel, o como los que nos dejaron condenas por corrupción de ministros como Eduardo Zaplana, Jaume Matas o Rodrigo Rato.
"Las prácticas corruptas no son patrimonio exclusivo de un partido, sino un verdadero problema estructural que ha afectado a toda formación con responsabilidad de gobierno"
La etapa siguiente, supuestamente la de recuperación de la ética en política, liderada en el Gobierno de España por el actualmente en portada Rodríguez Zapatero, tuvo igualmente sus propios episodios corruptos, y principalmente con el enorme caso de los ERE de Andalucía y las condenas de quienes también ostentaron carteras ministeriales como Manuel Chaves o Magdalena Álvarez, que siguen pendientes de que la Audiencia Provincial de Sevilla rehaga sus sentencias anuladas parcialmente, y de modo muy discutible, por el Tribunal Constitucional. Con Rajoy, el PP alcanzó finalmente el dudoso honor de ser declarado partícipe a título lucrativo en la pieza principal de la Gürtel, y se mantiene viva la investigación de cargos en el Consejo de Ministros como Montoro o Jorge Fernández Díaz, que no han concluido en condenas, pero cuya mera existencia contribuye a erosionar la confianza pública.
En cualquier caso, parece evidente que las prácticas corruptas no son patrimonio exclusivo de un partido, sino un verdadero problema estructural que ha afectado a toda formación con responsabilidad de gobierno. No en vano partidos en gobiernos autonómicos en el País Vasco o en Cataluña han protagonizado sus propios escándalos. Así, respectivamente, el caso De Miguel -una trama de corrupción en adjudicaciones públicas con condena de cargos del PNV- o el famoso asunto del 3% o el caso Palau -que contribuyeron incluso a la necesidad del cambio de identidad nominal de la antigua Convergència-.
Y, por fin, por si no tuviéramos suficiente, el Gobierno de Pedro Sánchez, que procede, nada menos, que de una moción de censura ante la corrupción del PP, nos muestra ya suficientes casos de corrupción, enchufismo, comisiones y hasta puterío que alcanzan niveles insoportables de la mano de personajes como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y hasta la familia del propio Sánchez. Que su faro moral sea ahora el centro de una investigación judicial y de la Fiscalía Anticorrupción echa por tierra cualquier posibilidad real de regeneración.
"Las soluciones requieren elevar de forma real el nivel ético exigible a los representantes públicos"
Todo lo anterior demuestra que declaraciones de supuestos referentes políticos que cuestionan esas situaciones llamando a lo que debería ser la ética de sus partidos, léase el socialista Eduardo Madina o el popular Borja Sémper, no dejan de ser manifestaciones que solo casi consiguen convencernos de que hay algo honesto en algún rincón de sus respectivas formaciones. Pero seamos claros: expresan un descontento calculadamente oportuno si no van más allá y se atreven a proponer una ruptura clara y contundente con las dinámicas internas de sus propias organizaciones. Esa crítica no vale para nada porque termina diluyéndose en el mismo sistema que pretende cuestionar. Son, en suma, una pretendida excusa de que las cosas pueden hacerse bien por quien no ha hecho nada, justamente, porque así sea.
El problema de fondo está en esa persistencia constante de casos concretos constatados, pero también en la normalización progresiva de la corrupción como algo inherente al sistema político: la ciudadanía percibe así que los escándalos se repiten con independencia del partido en el gobierno, lo que alimenta el desapego democrático, la abstención en las citas electorales y, lo que es peor y una realidad patente, el crecimiento del populismo extremista a derecha e izquierda.
Las soluciones, por tanto, no pueden ser meramente retóricas, limitándose a señalar el problema, sino que requieren elevar de forma real el nivel ético exigible a los representantes públicos, hoy a un nivel mínimo por la justificación de que todos actúan igual. Es imprescindible reforzar los mecanismos de control: transparencia en la contratación pública, sistemas estrictos de incompatibilidades, supervisión efectiva de los cargos públicos tras su paso por la Administración y una regulación mucho más clara de la actividad de “lobby”, para evitar que traspasar líneas prohibidas hacia el tráfico de influencias.
Ni el PP ni el PSOE hoy pueden en España aspirar creíblemente a ser alternativa moral frente al otro sin una depuración interna real y verificable. Porque si España necesita reformas, estas solo serán posibles con la ruptura, pero no la de un modelo, sino la de las formaciones que han sido causa y actores de su degeneración. Es una cuestión de supervivencia, pero no de esos partidos, sino de la democracia misma, atrapada en una repetición constante de dinámicas que envenenado el tuétano del bipartidismo. Que no se corrijan no debería ser nuestro problema. Que nos contagien sus miasmas, sí.
