Más profesionales y nueva estructura
Para hacer frente a esta transformación, la nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) contará con 37 profesionales más. También habrá 17 efectivos más en diferentes unidades del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. Los servicios territoriales y los equipos de prevención que trabajan en los servicios sociales de los ayuntamientos y consejos comarcales (EAIA) se reestructurarán y reforzarán con 243 profesionales más. En total, 297 profesionales se irán incorporando de forma gradual hasta 2027.
También se reforzará la estructura de la nueva DGPPIA, se crearán nuevas unidades y se reubicarán algunas tareas para ganar en eficacia. Entre otras, se crean dos nuevas subdirecciones: una dedicada a la prevención y otra a la protección. También habrá una oficina de control de gestión y un área de apoyo a la prevención de nueva creación.
En cambio, la contratación de plazas de los centros residenciales para la infancia y la adolescencia y la gestión de prestaciones a los jóvenes extutelados y para la acogida en familia extensa se derivarán a las direcciones generales de Provisión de Servicios y de Prestaciones Sociales, respectivamente, que ya gestionan el resto de contrataciones y prestaciones del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.
El organigrama quedaría así:
Más supervisión
Además de la oficina de control de gestión —que pondrá en marcha un plan de integridad para garantizar la transparencia y el buen gobierno— también se creará una unidad de seguimiento de incidencias y revisión de protocolos. El objetivo es supervisar el funcionamiento de los centros de protección, el cumplimiento de los objetivos educativos y la normativa, así como hacer el control y el seguimiento de quejas, reclamaciones e incidencias para garantizar la correcta aplicación de los protocolos vigentes.
También se abrirá una nueva línea de colaboración con los cuerpos de seguridad para combatir con mayor eficacia los abusos en las redes sociales.
Prevención, desinstitucionalización y calidad de la atención
La nueva subdirección de prevención se hará cargo de los servicios Barnahus (Unidad integrada de atención a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales), de los servicios de prevención —como los servicios de intervención socioeducativa (SIS) de atención diurna para niños en situación de vulnerabilidad— y de la unidad de atención a menores de 14 años inimputables, que se reforzará.
Se revisará el proceso de desamparo para mejorar sus garantías legales. Se apuesta por la mediación y por una decisión más colegiada.
Junto con el Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, se continuará trabajando con el plan de familias acogedoras para que haya menos menores viviendo en centros.
Se impulsará un plan de acción para mejorar la atención a los menores que viven en recursos residenciales. Se revisará el modelo para poder ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras. Se crearán recursos específicos para menores con trastornos de conducta y se dará un nuevo impulso a la atención a los jóvenes extutelados, con más apoyo educativo y acompañamiento personalizado. También se reforzarán los equipos de atención a las urgencias y de seguimiento de casos.
Con esta transformación del sistema de protección a la infancia, se quiere dar respuesta a carencias detectadas por el propio departamento y por los profesionales y entidades del sector, de acuerdo con un diagnóstico de los últimos diez años. Por ejemplo, el sistema no se ha redimensionado, está demasiado centrado en la atención residencial, los sistemas tecnológicos han quedado obsoletos, hay falta de coordinación con los centros y los territorios, y debe afrontar nuevos retos, como el de las redes sociales.
Todo esto que ha explicado la nueva consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, del PSC, no deja de ser una contundente crítica a la pésima gestión de los últimos años hecha por ERC, especialmente, con el apoyo de Junts.
