La más reciente de estas ‘cacerías’ contra todo lo que no huela a catalán ha sido en Granollers, la capital de la comarca del Vallès Oriental (Barcelona). Allí, según declaraciones de un activista de la propia entidad recogidas en El confidencial, visitaron hasta 129 comercios para controlar si usan o no el catalán.
Por supuesto, en cuanto ven que no es así, les recuerdan las sanciones a las que podrían enfrentarse si no rectifican. Los 18 voluntarios encargados de visitar los establecimientos amenazan con volver y, si las cosas no han cambiado, denunciar al local en cuestión. Para esta ronda, la Plataforma per la Llengua ha contado con el apoyo de la sección local de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que cuenta, según dicen, con 630 socios y simpatizantes en Granollers.
«El catalán es negocio»
Eso sí, antes de poner las demandas, los 18 voluntarios que recorrieron Granollers les entregaron a los comercios un díptico, con la campaña «El catalán es negocio». Esta está ligada a la fundación Vincle. Fundada en 2008, tiene como preferencias la cohesión y la extensión del uso de la lengua catalana entre la población recién llegada o que hace ya un tiempo que llegó a nuestro país.
También buscan el incremento del uso del catalán en el mundo de la empresa, ya sea entre sus trabajadores o entre todos los productos y servicios, y la difusión de las discriminaciones y desequilibrios de inversiones que sufre la llamada Eurorregión Mediterránea, que principalmente incluye los territorios de Cataluña, Valencia e Islas Baleares.
El presidente de Vincle es el mismo que el de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder de la Torre. Desde 2018, la «ONG del catalán» ha recibido más de 3,5 millones en subvenciones para coartar a los establecimientos que no usan en exclusiva el catalán, amenazándoles con las multas que impone la Generalitat de Cataluña: sólo en mayo de 2025 han recogido 463 quejas en toda Cataluña contra rótulos comerciales que excluían el catalán.
