La propuesta de los populares sostenía que las actuales políticas lingüísticas han contribuido a reducir el uso social del catalán y reclamaba una nueva etapa basada en la “neutralidad institucional” entre las lenguas oficiales. También apostaba por que el catalán y el castellano fueran lenguas vehiculares del sistema educativo, junto con una tercera lengua extranjera.
Entre otras medidas, la moción planteaba derogar el Pacte Nacional per la Llengua, eliminar las denominadas “multas lingüísticas” y suprimir los requisitos lingüísticos en el acceso a la función pública. Todos estos puntos fueron ampliamente rechazados por la cámara.
La iniciativa solo recibió el apoyo de los diputados del PPC y, en algunos apartados, también de Vox. En cambio, PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT y AC votaron en contra, sumando una mayoría de 108 votos contrarios.
El resultado evidencia el consenso mayoritario del Parlament en defensa del actual modelo lingüístico catalán, especialmente en lo relativo al papel del catalán como lengua propia y vehicular de las instituciones y del sistema educativo.