Desde Montenegro, Pedro Sánchez aseguró que "nunca avalé, conocí o permití nada de lo que hacía Leire Díez" y afirmó que jamás fue informado sobre las actuaciones de la exmilitante socialista. El presidente insistió en desvincularse completamente de la trama y defendió que, de haber tenido conocimiento de ella, no la habría tolerado.
Por su parte, Fernando Grande-Marlaska respaldó nuevamente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que se confirmara que mantuvo varios encuentros con Leire Díez. El ministro aseguró que González le trasladó que "no tuvo ningún contacto" con la exmilitante socialista relacionado con la presunta trama y sostuvo que, para él, "eso es lo importante". Marlaska también rechazó haber mentido cuando en ocasiones anteriores negó la existencia de reuniones, argumentando ahora que se refería exclusivamente a encuentros relacionados con los hechos investigados.
Sin embargo, la oposición considera que las explicaciones llegan tarde y resultan poco convincentes. El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, denunció que el Gobierno está recurriendo a "excusas de mal pagador" para intentar desvincular a Sánchez del caso y acusó al Ejecutivo de cambiar continuamente su versión a medida que aparecen nuevas informaciones. Para los populares, el problema ya no es únicamente el contenido de la investigación, sino la creciente falta de credibilidad de quienes deben ofrecer explicaciones públicas.
La polémica se produce además después de que durante meses se negara la existencia de reuniones entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, encuentros que posteriormente han sido reconocidos oficialmente. Esa sucesión de rectificaciones y matizaciones ha reforzado el discurso de la oposición, que sostiene que el Gobierno actúa siempre a remolque de las revelaciones judiciales y de los informes de la UCO.
Más allá de la responsabilidad penal o política que puedan determinar los tribunales, el caso está provocando un evidente desgaste en la confianza pública. Porque cuando las versiones oficiales cambian varias veces en pocos días, resulta cada vez más difícil para los ciudadanos distinguir dónde termina la explicación y dónde empieza la justificación. Y esa es precisamente la principal conclusión que extrae la oposición: que el problema del Gobierno ya no es solo la investigación judicial, sino que cada vez son menos los españoles que creen sus explicaciones.
