La respuesta de la consellera ante la movilización ha sido calificar las huelgas de “desproporcionadas”, un término que ha encendido aún más los ánimos de quienes ven cómo sus centros escolares se caen a pedazos. En un intento de desviar la atención, Niubó ha tratado de enfrentar a las familias y estudiantes con el profesorado, utilizando una retórica hiriente al sugerir que los alumnos son “rehenes” de las movilizaciones debido al impacto en las evaluaciones y actividades escolares a estas alturas del curso. Sin embargo, la realidad en las calles cuenta una historia muy distinta: una unidad entre estudiantes y docentes que claman por una educación de calidad y condiciones dignas para todos. Sin barracones y con condiciones salariales para una profesión que cualquier gobierno debería cuidar sin titubear.
De hecho, el núcleo del conflicto reside en una infrafinanciación crónica que ha llevado al sector al límite. Mientras el Govern presume de inversiones, los profesionales denuncian que los centros educativos sufren ratios imposibles que impiden una atención adecuada, una falta alarmante de recursos para la escuela inclusiva y una carencia de apoyo para la salud mental y el acoso escolar. Es especialmente sangrante el contraste en las prioridades presupuestarias. Resulta inaceptable para la comunidad educativa que las bajas de los profesores no se cubran y que las infraestructuras básicas se deterioren sin remedio.
La firma del llamado "Acord de país per l’educació" con los sindicatos minoritarios CCOO y UGT ha sido percibida como una traición por la mayoría del colectivo docente. Este acuerdo, que contempla un incremento del complemento salarial del 30% repartido en cuatro años, es considerado “insuficiente” e incluso “un insulto”. Los sindicatos mayoritarios como USTEC, CGT y Profesores de Secundaria advierten que estas mejoras salariales, que se traducen en apenas 60 euros mensuales brutos para este año, serán devoradas rápidamente por la inflación, dejando a los trabajadores en una situación de pérdida de poder adquisitivo persistente desde los recortes de 2010. La negativa de Niubó a presentar un marco de negociación global que aborde seriamente las ratios y el retorno de los sexenios ha llevado a representantes sindicales a afirmar que el Govern vive en una “realidad paralela” con una actitud que roza, precisamente, la mala educación.
A este escenario de precariedad laboral se le suma un componente autoritario que ha roto la confianza en la administración. Las revelaciones sobre la infiltración de los Mossos d’Esquadra en asambleas de docentes han estallado como un escándalo de vulneración de derechos fundamentales. Este clima de vigilancia ha llevado a los sindicatos a exigir no solo la dimisión de Niubó, sino también la de responsables de seguridad, al considerar que la gestión del conflicto se ha desplazado del diálogo pedagógico al control policial.
La ineficacia de la gestión también se refleja en las mesas de negociación fallidas. Las reuniones recientes, presididas por la propia consellera, han terminado sin acuerdos y de forma prematura, dejando las demandas de la comunidad educativa en el aire mientras el extenso calendario de movilizaciones sigue su curso. La exigencia de alcanzar una inversión pública del 6% del PIB, tal como marca la Ley de Educación de Cataluña (LEC), sigue siendo una quimera bajo la actual administración, que prefiere centrarse en parches temporales en lugar de transformaciones estructurales.
Además, el conflicto no se limita únicamente a la enseñanza obligatoria. El sector del 0-3 también se ha sumado a la lucha, denunciando condiciones inaceptables y sumándose a las jornadas de huelga estatal y autonómica. Esta transversalidad del descontento demuestra que el problema no es puntual, sino que responde a un modelo educativo que prioriza la burocracia y el control sobre el bienestar de los profesionales y la excelencia académica del alumnado.
Finalmente, la figura de Esther Niubó ha quedado muy desgastada. Para muchos docentes, ella actúa más como una “jefa de personal” preocupada por las nóminas y la contención de daños que como una verdadera consellera de Educación capaz de defender el sistema público. La persistencia de las protestas y el éxito de las jornadas de huelga indican que la comunidad educativa no se conformará con migajas. Si el Govern de Salvador Illa no rectifica el grito de “Niubó dimisión” seguirá resonando en cada rincón de Catalunya, con profesores en la calle y niños en casa consumiendo más horas todavía de pantalla. La educación pública no debería ser un gasto que recortar, sino una apuesta intocable por el bien de miles de niños y niñas. Por un futuro mejor.
Jean M. Castel Sucarrat (secretario Organización Cree)
